Por: Tony Chimbo, Radio Sucumbíos
Los Consejos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y la Naturaleza de las provincias de Sucumbíos y Orellana emiten un pronunciamiento a la ciudadanía, ante 25 días de suspensión de la audiencia en Acción de Protección con Medidas Cautelares, por el derrame de petróleo ocurrido el pasado 7 de abril en Sucumbíos y Orellana. A continuación se presenta el manifiesto:
“En la Constitución del Ecuador, vigente desde octubre de 2008, se cuenta con una acción constitucional que ampara a los derechos humanos, como es la Acción de Protección. Sin embargo, los hechos acontecidos en la audiencia de Acción de Protección con Medidas Cautelares, presentadas a favor de las comunidades indígenas afectadas por el derrame de al menos 15 800 barriles de crudo y combustibles, ponen en evidencia la ineficacia de un sistema de justicia que decide apegarse a tecnicismos antes que a sus obligaciones constitucionales.
Lamentablemente, no se está cumpliendo con la administración de justicia ni con el respeto a un país pluricultural, por el contrario, se están vulnerando los derechos de los accionantes, las familias y la naturaleza afectada, atropellada y olvidada. La audiencia instalada el martes 26 de mayo, que debió continuar el 1 de junio, se suspendió debido a problemas de salud del equipo técnico del Consejo de la Judicatura de Orellana, se desconoce para cuándo se retomará el proceso. Esta situación nos preocupa mucho porque atenta contra los principios de inmediación y celeridad del proceso. Han pasado casi tres meses. ¿Hasta cuándo tienen que esperar las personas y el entorno afectado, por qué tanto indolencia?.
Por otro lado, el 18 de junio, el Delegado Provincial de Sucumbíos, EPE, da a conocer su preocupación y solicita información a Petroecuador por el rompimiento de poliductos Shushufindi – Quito, en el sector de San Rafael, misma ubicación de la afectación del 7 de abril; y como aquella vez la gran preocupación de la empresa petrolera fue que “se garantiza el normal abastecimiento de GLP, ya que cuenta con stock suficiente en el terminal Oyambaro”, tal como indicó la compañía.
Nos preguntamos qué pasa entonces con las consecuencias ambientales y a las personas. Como consejos de defensoras y defensores de los derechos humanos y la naturaleza de las provincias de Sucumbíos y Orellana, rechazamos la omisión de las responsabilidades de las compañías petroleras e instituciones estatales concernidas del nivel nacional y local ante el derrame del 7 de abril, cuyas consecuencias fueron la contaminación y afectación a la vida saludable de más de 27 mil indígenas y de la naturaleza, y ante nuevos eventos suscitados el 18 y 22 de junio.
Por ello, ante la falta de respuesta oportuna del Estado para abastecer de alimentos y agua suficiente y permanente, y brigadas de salud en esta doble emergencia de contaminación petrolera y sanitaria que viven en esta zona de la Amazonia, exigimos a la Judicatura de Orellana que cumpla con sus obligaciones de tutelar de manera efectiva los derechos de las víctimas y la naturaleza; se otorguen de manera inmediata las medidas cautelares solicitadas y se reinstale la audiencia en el más breve plazo, y se dé respuesta adecuada a las necesidades de la población afectada para garantizar de inmediato su supervivencia en condiciones dignas y acorde a su cultura.”
El pronunciamiento es firmado por el Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos y de la Naturaleza de Sucumbíos y Orellana; Ruth Elvira Sánchez, Secretaria Técnica del CDDDHN Sumcumbíos, y Diocles Zambrano, Secretario Técnico CDDDHN Orellana.