Los derechos humanos se cuentan entre las la principales víctimas de la pandemia del coronavirus en muchos lugares del mundo y desde luego, en Ecuador, donde la vulneración de los derechos fundamentales ha sido generalizada y sistemática desde la aparición de los primeros casos.
Nuestro país, de por sí muy desigual en la distribución de la riqueza, ya enfrentaba antes de la pandemia una grave crisis económica caracterizada por una enorme deuda externa que se ha vuelto impagable, el desfinanciamiento de IESS, concentración de la riqueza en pocas manos, niveles inauditos de corrupción que continuaron durante la cuarentena, bajos precios del petróleo, etc. Por su parte, el gobierno ha seguido demostrando su ineptitud ante esta situación, sin poder dar ni siquiera soluciones parches ante una problemática que hace tiempo se le salió de las manos.
El estado de excepción en que el país se encuentra desde hace meses y del cual no se avizora una salida, de por sí suprime o restringe derechos como la libertad de circulación, de reunión y de protesta. Solamente entre el 20 de marzo y el 20 de abril, la Defensoría del Pueblo reportó 4200 alertas por vulneración de los derechos humanos, 388 al derecho a la salud, 369 al derecho al trabajo, 234 al derecho a la vivienda, 194 al derecho a la alimentación y también se incluyen los derechos de miles de ecuatorianos varados en el extranjero sin poder regresar al país.
La violación al derecho de salud y a la vida vino dada por la vulnerabilidad y precariedad del sistema público de salud. Cuántas personas se han quedado sin atención e incluso han muerto en la entrada de los hospitales públicos porque no había camas o respiradores o faltaban pruebas para detectar el virus. Cadáveres en las calles y cadáveres extraviados son otras formas de ataque a los derechos humanos.
En el ámbito de la educación, la opción de la enseñanza virtual ha sido una opción que de golpe ha dejado fuera del sistema educativo a gran cantidad de estudiantes del sistema público por no tener acceso a una computadora y al internet, violando un derecho fundamental de la niñez y la juventud. A los sesudos funcionarios no se les ocurrió que el 50 % de ecuatorianos no tiene internet ni tampoco pensaron que, en cambio, cerca del 90% sí posee un televisor y que las clases se podían dictar por ese medio.
Qué decir del derecho al trabajo, cuando cientos de miles de ecuatorianos han perdido sus empleos debido al cierre de empresas y negocios, o a la eliminación de puestos de trabajo. A ello se suma la mal llamada Ley de Apoyo Humanitario, un estandarte de la precarización laboral: permite a los empleadores no pagar las liquidaciones, disminuir las remuneraciones de los trabajadores y otros atropellos a los derechos laborales. Esto sumado a múltiples violaciones a los derechos de los servidores públicos, quienes han visto recortados sus sueldos o incluso, suprimidos sus puestos de trabajo.
Y la lista de violaciones a los derechos humanos durante la pandemia sigue y sigue…