Una de las insignes frases de Richard Martínez, Ministro de Economía, ha sido que “la realidad ha superado la legalidad”. De esta manera justifica que, con motivo de la pandemia, los derechos y garantías de las y los trabajadores no eran sino meros enunciados en papel, inexistentes e inaplicables bajo las actuales circunstancias. En otras palabras, para proteger el capital, la industria y la empresa todo vale, la auténtica ley del más fuerte, la ley del dinero sobre las personas.
Bajo el lema de Martínez se han eliminado numerosos empleos, se han facilitado despedidos con indemnizaciones irrisorias, han desaparecido instituciones y empresas públicas, y en general, se han desconocido derechos y flexibilizado garantías. La frase de Martínez no es sino una mentira, una falsedad o falacia, estamos en una situación inusual y emergente nadie lo niega, pero no por ello la Constitución, los derechos y las garantías han dejado de existir y de regir.
El gobierno también ha utilizado la figura del “estado de excepción” para tomar ciertas medidas que pretenden “mitigar la pandemia”, esto es normal y necesario, casi todos los estados del mundo han utilizado esta figura para afrontar la crisis. Sin embargo, esta figura legal es precisamente una medida temporal, que sirve para tomar medidas urgentes y emergentes ante una situación imprevisible y por eso siempre tienen vigencia limitada. Lo peligroso de esto es convertir lo temporal en permanente y lo excepcional en lo normal.
Para estos momentos la gran mayoría de estados del mundo han asumido que la crisis sanitaria que vivimos va para largo y que es necesario tomar medidas a corto, mediano y largo plazo acudiendo a los cauces normales del estado de derecho. Sin embargo, el gobierno ecuatoriano no deja de improvisar y aplicar medidas de excepción para tratar la situación que llevamos desde mediados de marzo, y que desde mayo ya sabemos es la “nueva normalidad”.
La conclusión lógica es que lamentablemente, el gobierno ha usado y ha abusado del estado de excepción. Y un argumento que corrobora la constante improvisación son las medidas contradictorias y contraproducentes, como la de relajar el semáforo en el pasado feriado y abrir playas. Tal parecería que el estado de excepción únicamente sirve para limitar la protesta social.
En otras palabras, es verdad que estamos ante una crisis de proporciones pocas veces vistas y que es necesario tomar medidas para combatirla, pero no podemos caer en las falacias del gobierno de desconocer nuestros derechos, garantías y nuestra propia Constitución, y sustituir mediante decretos al poder legislativo.
Tampoco podemos seguir justificando su improvisación e inoperancia en el manejo de una crisis. No seamos tontos útiles a los cuales les explotan el miedo, la desesperación y todo lo aceptan. ¡Somos ciudadanos y el Estado se encuentra a nuestro servicio, no al revés!