El coronavirus apareció primero en China pero rápidamente se expandió a todo el mundo alcanzando la condición de pandemia. Nuestro continente, con 13% de la población mundial, de los cuales el 8.7% están en América Latina tiene en la actualidad el mayor número de infectados y el mayor número de fallecidos de todo el mundo. Aunque Estados Unidos se encuentra a la cabeza, 4 países latinoamericanos aparecen entre los 10 con mayor número de contagios y 3 entre los 10 con mayor número de fallecidos en todo el planeta. En conjunto América Latina es la región más afectada del mundo por la pandemia.
Las consecuencias en la región son devastadoras ennumerosos ámbitos incluidos en el de los derechos humanos cuya vigencia se ha afectado muchísimo. A tal punto, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) adoptó el 27 de Julio del 2020 una resolución sobre los derechos humanos de las personas con Covid-19.
El documento indica que las medidas para detener al virus y su enfermedad, como el confinamiento y el distanciamiento social y la atención hospitalaria se han visto muy afectadas por la pobreza, discriminación, desigualdad, insuficiencia de los sistemas de salud que hay en muchos países de la región. Añade que los grupos que requerirían de atención prioritaria por parte de los estados en la defensa y protección de sus derechos son aquellos que están en situación de vulnerabilidad por su situación socioeconómica, su edad y su estado de salud y que son los que más amenazados tienen sus derechos a la salud y a la vida.
La resolución enfatiza la obligación de los estados de utilizar al máximo los recursos disponibles para combatir la pandemia, la que fue incumplida flagrantemente por el gobierno ecuatoriano, cuando prefirió pagar más de 300 millones de dólares de la deuda externa mientras los hospitales se vieron desbordados y la gente moría por cientos en las calles y en las casas de Guayaquil. Al cabo de varios meses, siguen faltando en el país recursos para enfrentar la pandemia, existen saturación de las camas de cuidados intensivos, falta de insumos médicos, insuficiencia alarmante de pruebas PCR. Y el número de muertos y contagiados sigue en aumento, en muchas ciudades no se ha llegado al famoso aplanamiento de la curva de contagios.
También menciona la gran preocupación por los trabajadores de la salud que se han constituido en verdaderos defensores de los derechos humanos de la población pero que están sujetos a riesgos, amenazas, hostigamiento, agresiones y la estigmatización por parte de sectores de la población y que en muchos casos han pagado con sus vidas su dedicación y sacrificio.
El texto emite una serie de importantes directrices sobre como los estados de la región deberían asegurar la protección de los derechos humanos de las personas con Covid-19. Lastimosamente, en países como el nuestro la gran mayoría de ellas no se están cumpliendo, son ignoradas o directamente desacatadas por las autoridades de turno, sin duda esta pandemia revela aún más las desigualdades de nuestro continente y los problemas institucionales y políticos de la región.