Hace un año el gobierno de Lenin Moreno emitió el Decreto 883 mediante el cual eliminaba los subsidios a los precios de los combustibles, los cuales se habían mantenido por alrededor de 40 años. El gobierno, ávido de recursos en plena crisis económica, en gran parte heredada del gobierno de Correa y en parte profundizada por méritos propios, tomó la desafortunada medida.
La decisión fue a todas luces torpe e improvisada. Un golpe devastador a la economía de los sectores populares y las clases medias sin previo aviso. El gobierno, que afirmaba que venía dialogando con los sectores sociales, especialmente el indígena, tomó la medida sin consultar a nadie, gravísimo error.
La respuesta no se hizo esperar. Los primeros en movilizarse fueron los transportistas, pero a los pocos días, cuando el gobierno les ofreció subir los pasajes, depusieron su medida. El movimiento indígena se convirtió entonces en el actor principal del levantamiento de octubre, el cual duró alrededor de 11 días. Otros actores sociales, estudiantes, pobladores, mujeres, trabajadores se sumaron a este movimiento que se extendió a varias provincias y poblaciones, aunque su epicentro fue Quito, hasta donde llegaron miles de indígenas de la Sierra y Amazonía. Las muestras de solidaridad y afecto de la ciudadanía fueron numerosas. Basta ver como muchas personas se volcaron para llevar alimentos, ropa y vituallas a los manifestantes y la atención y ayuda que brindaron trabajadores de la salud, estudiantes, artistas.
La represión fue muy dura, la Policía no respetó a los manifestantes que se alojaron en algunas universidades, entre los manifestantes había mujeres con niños pequeños y fueron gaseados. Las fuerzas del orden también dispararon perdigones, los cuales pueden matar a una persona y eso ocurrió en el caso de varios de los asesinados, otros manifestantes fueron gravemente heridos y sufren hoy graves secuelas.
Partidarios de Rafael Correa trataron de utilizar el levantamiento en su provecho para crear un caos que permitiera que la Asamblea declare la muerte cruzada para adelantar elecciones y que el caudillo pudiera candidatizarse y tener impunidad. Parte de ello fue el incendio de la Contraloría y la toma de pozos petroleros y empresas de agua potable. Finalmente, a los correístas el tiro les salió por la culata.
El gobierno se obstinaba en mantener la medida y se mostraba reacio a negociar, lo cual prolongó las manifestaciones hasta que, al ver que se tambaleaba peligrosamente tuvo que aceptar a regañadientes sentarse a la mesa con los dirigentes indígenas y derogar el decreto 883.
Resultado de la represión: 11 muertos y cientos de heridos, varios quedaron mutilados, impresionó que varios perdieron un ojo. Cinco siglos después los indios siguen poniendo los muertos. Para la ministra Romo fueron producto de caídas, de accidentes, ninguna víctima fue atribuida a la despiadada violencia desatada por la policía.
Hoy, al cabo de un año, la CONAIE está demandando al Estado ecuatoriano ante la Fiscalía por estos crímenes que hasta la fecha no tienen ningún proceso judicial en curso ni ningún autor material o intelectual detenido. Su lema es ni perdón ni olvido.