¿Por qué nos detuvieron sabiendo que no hacíamos nada en contra de nadie? ¿Será porque somos indígenas, porque somos de las clases populares, o será que tenían necesariamente que tener trofeos de su guerra contra el pueblo? Estas son algunas de las muchas preguntas que se hace Franklin Aucancela, uno de los tres jóvenes indígenas detenidos el sábado 12 de octubre del 2019, cuando participaban en el paro nacional y en el levantamiento indígena, que por 11 días sacudió al Ecuador. Los tres jóvenes son de la provincia de Chimborazo y llegaron a Quito en 10 buses, que transportaban a 40 personas de esa provincia ubicada en la sierra central ecuatoriana.
“Nosotros como jóvenes tomamos una decisión de viajar a la ciudad de Quito a unir y respaldar a otros hermanos, a otros campesinos, otros señores que estaban luchando en la ciudad de Quito reclamando el derecho. En cantón Colta y Guamote, en todos esos sectores empezamos casi desde el 3 de octubre del 2019 cerrando los caminos y los pasos, la gente ya sentíamos ardidos con ese decreto”. Daniel Guayaracaja es el tío de Franklin y fue el coordinador del grupo que viajó a Quito para participar en el paro, él se refiere al decreto 883, emitido a inicios de octubre por el presidente Lenin Moreno, suprimiendo el subsidio a los combustibles.
“Más o menos el combustible diesel que costaba 1,03 centavos subió 2,16, algo así. Gasolina también igual duplicó y por tal razón ese decreto afectaba a todos los ecuatorianos, más que todo a los campesinos a la gente agricultor afectó y nosotros salimos a reclamar al gobierno que derogue ese decreto 883”.
La delegación de Chimborazo que llegó a Quito se concentró junto al resto de delegaciones de distintas provincias, en las inmediaciones de la Casa de la Cultura. Luego de un breve descanso, los indígenas se incorporaron a la marcha pacífica para reclamar sus derechos. “Estábamos marchando diez y media por ahí empezaron a botar gases, bombas, creo que con eso quedamos totalmente dispersados la gente y no podíamos hacer nada. A nosotros nos atacaba como si fuéramos criminales, como si fuéramos algún delincuente”.
Así recibieron las fuerzas del orden a los recién llegados, pero también hubo quien los acogió con gestos de agradecimiento. “Nosotros reunimos veinte personas y teníamos que buscar donde descansar. Gracias a la Universidad Central dio un hospedaje (…) gracias de parte de los ciudadanos de Quito, ellos ayudaron con las comidas, con los víveres, hasta con la ropa. Habían centralizado en la universidad y teníamos comidita, tuvimos desayuno”
El martes 8 de octubre los medios de comunicación daban cuenta de un hecho que impactó en la vida de Franklin Aucancela, Klever Muñoz y Óscar Daquilema, tres jóvenes indígenas evangélicos de Chimborazo. La Contraloría General del Estado había sido incendiada y mientras su máxima autoridad, el Contralor Pablo Celi, deslindaba responsabilidad del hecho al movimiento indígena y a los movimientos sociales, la historia para Franklin, Kléver y Oscar fue otra.
“Creo que en ese momento, todo el mundo sabe que la Contraloría del Estado había estado abierto, entraban y salían la gente. Ese rato, nuestros muchachos del grupo, creo que dos personas, han ingresado pensando protegerles la vida de ellos, porque los policías estaban atacando con gases, con bombas. Ellos querían protegerse la vida de ellos también. Justo cuando están cinco minutos ahí dentro, enseguida cogen los policías. Ellos encontraron manos vacías, ellos entraron por cuidar, por protegerse. Entraron es porque estaban botando gas y al gente estaban gritando ayuden, sálvennos”.
Así fue como empezó el peregrinaje para la familia y para la comunidad, primero fue la búsqueda y luego el proceso judicial. “Preocupados no podíamos hacer nada porque no había ninguna oficina, dónde diciendo podemos localizar, como el toque de queda empezó a las tres de la tarde ya no podíamos ni circular. Los policías y los militares habían mentido diciendo que mañana van a salir nomás pero siguiente mañana ya no soltaron, mejor ya le dieron treinta días de prisión preventiva”.
Franklin, Kléver y Óscar fueron acusados de terrorismo, paralización de servicios públicos y daños y prejuicios a la Contraloría, aunque hasta el momento no cuentan con evidencias para respaldar esas acusaciones. “A ellos les cogieron subiendo las gradas por miedo y para ayudar a otra gente más. Porque no pueden culpar de nada pero siguen persiguiendo. De ahí culparon diciendo que los compañeros de nosotros no son indígenas. Entonces pedimos el peritaje antropológico. Ese peritaje también pasó que nuestros jóvenes que estaban luchando son campo, son de las comunidades son kichwa hablantes, pero la ley a veces como que no cree y quieren seguir culpando, quieren seguir atacando”.
En la actualidad, los tres indígenas de Chimborazo cuentan con libertad condicional, teniendo la obligación de presentarse semanalmente en la Fiscalía. Sus familias, sus comunidades, la Confederación del Movimiento Indígena de Chimborazo y las iglesias evangélicas de la provincia dan seguimiento al caso. “La lucha no es sólo para la familia, la lucha es para todos los ecuatorianos. No son cualquier delincuente, no es cualquier ladrón, peor terrorista”.
“Yo no soy terrorista, yo soy puruhá, trabajador día y noche por un Ecuador mejor. Soy un ecuatoriano honesto con una vida limpia, mis padres maestros y mi comunidad me enseñaron a ser un hombre de bien y no un terrorista “, son las afirmaciones de Franklin Aucancela.