José Venegas, Colectivo PRODH
La realidad de los derechos humanos en el país es lamentable, más aún en plena pandemia, destaca la abogada Paulina Cajilema, miembro de la Fundación Kintiñan.
“Justamente al celebrar un año más de la Declaración Universal de los Derechos Humanos estas interrogantes nos tienen en pie. Este año es importante porque la pandemia materializó y visibilizó varias series de vulneraciones a derechos; principalmente los laborales en los que fueron los sectores más perjudicados, no solamente por la pandemia, sino por una ley humanitaria que permitió el despido injustificado de miles de personas de sus puestos de trabajo, hasta el día de hoy son alrededor de 161 mil trabajadores despedidos en pandemia; esto es algo cuestionable porque significa que 161 mil familias se quedaron sin su sustento económico y que probablemente no están accediendo al derecho a la alimentación, a la recreación, a la vivienda, tampoco al derecho a la educación. Hay niños que perderán, y se les hará repetir el año, por no tener acceso a internet, lo cual es totalmente injustificable.
A propósito de la declaración y conmemoración de los derechos humanos, vale cuestionar si de verdad vamos en progreso en derechos para todos y todas, principalmente en igualdad y accesibilidad para todos en igualdad de condiciones, y lo que lamentablemente ha demostrado la pandemia es lo contrario. Hoy los derechos están siendo accesibles solamente para un pequeño grupo de personas mientras las personas más humildes, vulnerables y pobres son aquellas que no pueden acceder a estos derechos.
El reconocimiento de derechos siempre ha venido acarreando una lucha social, una lucha fuerte y reivindicativa. Recordemos que antes de la Declaración de los Derechos Universales de los Seres Humanos eran los derechos del hombre solamente, y a la mujer se le había excluido de esta declaración, esto ocurre en 1948. Sin embargo, años atrás, los trabajadores ya se habían tomado la comuna de París para luchar por sus derechos laborales, ya se había peleado en Chicago el 1 de mayo para poder conseguir las 40 horas de trabajo, las 8 horas diarias, salarios justos y estabilidad laboral, entre otros. Claramente años más tarde son conocidos en un instrumento internacional que por los años 70 se reconoce, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales. Es decir, el ser humano no necesita solamente nacer vivo y vivir, sino que necesita otros derechos que deben ser complementarios para la vida digna como el derecho al trabajo y a la salud, que en esta pandemia fueron los derechos menos garantizados. Lo mismo sucede con el derecho a la vivienda, que en América Latina es uno de los derechos menos garantizados. Ahora cobran más sentido todas esas luchas sociales que años atrás habían emprendido ciertos grupos de trabajadores y de mujeres, como las que fueron asesinadas en la fábrica Cotton por exigir sus horas laborables.
Ahora conocemos que la Asamblea Nacional viene preparando un nuevo paquete de reformas laborables y entre ellos están las horas a pagar, lo que significa que ya no se sabrá si le contratarán o si le pagarán las 8 horas diarias, las 40 horas semanales, por las que varios trabajadores murieron y fueron asesinados por conquistar esta estabilidad laboral. Ahora van a pagar por la hora de trabajo, y probablemente, no le va a alcanzar ni siquiera para el salario básico unificado al mes. Es decir, esto nos va a conllevar a tener una mendicidad, una población pobre prioritariamente, y claro la gente se molesta cuando ve a dos o tres personas en la calle pidiendo caridad o que están limpiando parabrisas. Si hoy no defendemos los derechos laborales con todos los mecanismos legales que tenemos y con la lucha social organizada, lamentablemente no van a ser dos o tres personas, van a ser cinco o diez personas que deben salir a buscar el sustento económico, ya que el Estado no lo garantiza y pues tampoco hemos utilizado los mecanismos legales correspondientes para hacerlo.”