Cerramos el 2020 con una crisis laboral sin precedentes

Los derechos laborales de los trabajadores son irrenunciables, así lo dice la Constitución y los tratados de la Organización Internacional del Trabajo firmados por el Ecuador. Pero en la práctica muchos de ellos no se cumplen o se violan descaradamente. A pesar de existir una representación sindical en el Consejo de Salarios, junto con la de los patronos y la del ejecutivo, al final es el gobierno quien termina decidiendo si hay alza o no, y en qué monto. 

Desde 2014, año anterior al inicio de la crisis económica en el país, el aumento salarial ha ido disminuyendo progresivamente y para al año 2021 será igual a cero. El aumento acumulado de todos esos años fue de 12.9%. En el mismo período, el costo de la canasta básica aumentó un 13,5%, es decir que el poder adquisitivo del salario mínimo disminuyó ligeramente, es decir que los que ganan este salario se han empobrecido. Tanto el gobierno de Correa como el de Moreno han apoyado la reducción del costo de la fuerza del trabajo para competir con Colombia y Perú, un argumento sin pies ni cabeza, considerando que la economía del Ecuador está dolarizada y que los precios de la canasta familiar y de los bienes en general son mucho mayores en el Ecuador. 

Para el 2021, año consecutivo al del inicio de la pandemia, por primera vez desde la dolarización no habrá incremento salarial. Para el gobierno, la crisis sanitaria del Covid-19 ha sido la gran excusa no solo para que el salario se estanque sino también para implantar la precarización laboral mediante la ley llamada eufemísticamente de Apoyo Humanitario, que en realidad incluye la contratación sin estabilidad y la desregulación del trabajo. Pero, en realidad, este gobierno y los que sigan deben seguir los lineamientos del Fondo Monetario Internacional si quieren que sigan llegando los desembolsos de los organismos internacionales de crédito (no solo del FMI). Además, con estas medidas se alinean con los criterios de los dirigentes empresariales, representantes de la oligarquía económica del país. 

Pero si la situación de los trabajadores formales es grave, la de los trabajadores informales es mucho peor. Actualmente 7 de cada 10 ecuatorianos (eran 6 de 10 antes de la pandemia) no tiene un empleo adecuado o no tiene ninguno. Sus ingresos, si los tienen, no están garantizados, no tiene seguridad social ni ningún beneficio de ley que tienen los formales y sus ingresos, en promedio equivalen a la mitad de un salario mínimo vital. Los derechos de los trabajadores, formales e informales en el Ecuador están peor que nunca y no se vislumbran mejoras para el 2021.