Durante varias décadas, pero con mayor énfasis en los últimos años, varias poblaciones se han manifestado activamente contra la minería, ya sea de empresas trasnacionales o nacionales, incluso recientemente la Corte Constitucional dio vía libre para la realización de una consulta popular seccional que busaca determinar si la población quiere o no proyectos mineros en su territorio.
Desde el Gobierno y los grupos empresariales dominantes se ha vendido la idea de cada proyecto minero como un paso hacia el progreso, una alternativa para el desarrollo y un emprendimiento económico desprovisto de todo riesgo o peligro contra la vida de los seres humanos, especies animales y vegetales y en general de la naturaleza. Señalan para deslindar responsabilidad que lo que sí es malo es la minería ilegal pero la minería que ellos realizan no.
En cambio, las comunidades indígenas y mestizas en distintas provincias de la Sierra y el Oriente han señalado que la minería provoca graves problemas ambientales, contaminación del agua y suelo, desertificación de inmensas zonas de territorio al mismo tiempo que se eliminan fuentes de agua, así también la apropiación de tierras productivas y por si fuera poco, un grave e irreparable impacto en flora y fauna, mucho más si todo esto ocurre en comunidades indígenas, bosques protectores y zonas naturales protegidas. Además, conocen muy bien y denuncian que los únicos beneficiados de este mal llamado progreso son los grandes empresarios mientras los pueblos tienen que vivir con el daño provocado.
A los reclamos de las comunidades que viven en los territorios donde se han emprendido los inconsultos proyectos mineros, se suma un permanente drama social y humano, pues dichas comunidades y poblaciones se han visto atacadas e invadidas, muchas veces con el respaldo y beneplácito del Estado, y con el uso de brutal fuerza ya sea mediante el propio ejército o incluso por medio de empresas de seguridad privada, todo esto bajo un velo de impunidad.
El último hecho violento, como los reseñados líneas atrás, ha sido realizado en la zona de Íntag, cantón Cotacachi, donde las comunidades vienen resistiendo desde 1995 la invasión e imposición de las poderosas empresas mineras. Producto de enfrentamientos entre los moradores de la zona y dichas empresas, se reportan varios heridos. Todo esto pese a que en la justicia ecuatoriana ha concedido medidas cautelares que hacen, al menos temporalmente, una zona donde no se puede realizar minería.
En definitiva, muchos pueblos y comunidades siguen desde hace varias décadas en una constante lucha por defender la vida y la naturaleza, todo esto ante enemigos de enorme poder económico y político, quienes además usan los medios de comunicación para acallar sus justas demandas e invisibilizar y criminalizar su resistencia.