Cuando las Naciones Unidas promovieron la firma del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en 1966, muchos Estados se opusieron rotundamente, y se opusieron tan rotundamente que no llegaría a tener vigencia sino 10 años después en 1976. Dicho instrumento internacional decía algo muy importante, el trabajo, la seguridad social, la educación, la salud, la cultura y un mínimo de vida digno para las personas son DERECHOS HUMANOS.
Este gran cambio de entender todos estos mínimos esenciales como DERECHOS HUMANOS que también recoge nuestra Constitución, implica a su vez obligaciones para los Estados, quienes se encuentran obligados a garantizar condiciones mínimas de vida digna. Un ejemplo claro de ello es que deben existir hospitales y escuelas públicas y garantizarse un mínimo de atención a las personas. Así también el que sean concebidos como DERECHOS HUMANOS implica también ciertos mínimos innegociables para el sector privado. Por ejemplo, un empresario o un empleador no podría obligar a que un trabajador renuncie a parte de su remuneración, sus indemnizaciones o liquidaciones.
Como usted entenderá esto que les contamos de que la salud, la cultura, la educación y el trabajo son DERECHOS HUMANOS en toda regla, con todas las garantías y protecciones, no agrada mucho a ciertos sectores de poder, precisamente porque les obligan y les ponen límites y porque la gente puede exigir esos derechos. Así que cuando usted escuche que un mandatario, candidato político empresario, intelectual o experto que con supuestas muy buenas intenciones propone “flexibilizar” todo esto o “privatizar” todas estas prestaciones, en realidad lo que está promoviendo es eliminar un poco o totalmente esos DERECHOS que le son incomodos.
Por eso, es misión de los ciudadanos y ciudadanas el proteger todos estos DERECHOS HUMANOS y defender su naturaleza pública.
No se deje vender humo, no caiga en la trampa, si dejamos de concebir a la educación o la salud como un derecho esto implicaría que puede ser manejado absolutamente por el sector privado, imponiendo sus condiciones y precios sin limitación. Implicaría también, por ejemplo, que el Estado no tiene la obligación de conseguir las vacunas para el Covid y que estas podrían ser libremente negociadas por las empresas de salud. También implicaría sin más, que el IESS puede ser privatizado y que puede ser manejado por empresas que impondrán un precio de acuerdo a lo que supuestamente dicta el mercado. Además implicaría, como actualmente nos está ocurriendo, que todas esas pequeñas conquistas laborales que se han conseguido producto de lucha y de sangre como la jornada de 8 horas diarias y de 40 horas semanales, los décimos sueldos (bono navideño y bono escolar) podrían fácilmente eliminarse bajo supuestas negociaciones en las que en la práctica el trabajador lleva todas las de perder.