En el editorial de esta semana y, ante el silencio de los grandes medios de comunicación, insistiremos en la preocupación sobre el pobre manejo de la salud pública, pues ahora se suma al problema de la falta de transparencia sobre las vacunas contra la Covid-19, el de la falta de existencias de la vacuna pentavalente (contra la hepatitis, difteria, tétanos, tos ferina y haemophilus influenzae) y en las vacunas contra el sarampión, varicela, neumococo y rotavirus, indispensables para garantizar la salud de recién nacidos, así como de niñas y niños menores de 5 años.
El Ministerio de Salud Pública reconoció el problema y lo justifica basándose en la afectación de la pandemia a la producción de vacunas, pero luego de dar un rápido vistazo por Internet no se encuentra que otro país esté afectado por esta situación. Además, es triste recordar que estas vacunas se elaboraban en el país y poco a poco se eliminó la capacidad de producirlas para luego pasar a comprarlas.
Se puede concluir entonces que esto más bien suena a excusa de escolar que no hizo su tarea. Entonces cabe preguntarse, además con mucho temor ¿cómo se está manejando la política pública de salud? Es más ¿existe una política pública de salud o solo se van tomando medidas conforme surge un problema y alargando la excusa hasta finalizar el periodo de gobierno?
Con tristeza parecería que la respuesta es la última, pues se desconoce tanta información sobre cómo se está llevando a cabo las acciones para garantizar nuestro derecho a la salud, que quizás será necesario hacer uso de los recursos legales, tales como la acción constitucional de acceso a la información pública, para exigir transparencia y responsabilidad del Ministerio y de todas las entidades públicas encargadas de velar por el servicio de salud.
Exhortamos pues, a la Defensoría del Pueblo a hacer uso de las acciones pertinentes, pues ya nos hartamos de la improvisación, de la desinformación y de la falta de transparencia en todo lo que concierne al manejo de los programas de vacunación, con la gravísima consecuencia de que ello está poniendo en riesgo la vida de las personas más vulnerables de la sociedad ecuatoriana, y las nuestras propias al enfrentarnos ahora también a enfermedades erradicadas, que podrían regresar por descuido en el manejo de la cosa pública.