El 17 de marzo del presente año, la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia, designada por la Defensoría del Pueblo, presentó el informe final sobre los hechos ocurridos durante los 14 días de protestas nacionales suscitadas el pasado octubre de 2019.
En el documento de casi 300 páginas se recogen 519 testimonios e información de diversas fuentes comunicacionales, que dan cuenta de numerosas vulneraciones a los derechos humanos cometidas por parte de agentes del Estado, principalmente Policía, Fuerzas Armadas y servidores judiciales.
Este mecanismo extrajudicial de investigación de violaciones a los derechos humanos, que tiene como objetivo la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas encontró las siguientes afectaciones de derechos humanos:
- 123 violaciones de la integridad personal;
- 38 violaciones al derecho a la libertad personal;
- 6 posibles ejecuciones extrajudiciales;
- 22 atentados contra el derecho a la vida;
- 3 actos de violencia sexual;
- 20 lesiones oculares;
- 81 personas refirieron afectaciones psicológicas;
- 22 presuntos actos de persecución política; y
- Que los medios de comunicación no comunicaron acerca del paro desde una perspectiva intercultural, ni de derechos humanos, lo cual descontextualizó y estigmatizó a la población indígena que protestaba.
La Comisión señaló que todos estos hechos por su gravedad y recurrencia podrían incluso configurar un “ataque generalizado” contra la población civil y por tanto, un posible crimen de lesa humanidad, lo cual deberá ser investigado por las autoridades judiciales.
La Comisión tampoco desconoce que existieron hechos delictivos por parte de los manifestantes y pide también sean investigados. En ese contexto, el informe fue entregado por la Defensoría del Pueblo a la Fiscalía General del Estado para que esta institución realice las actuaciones correspondientes.
Lo recopilado por la Comisión en el informe sobre los hechos del paro de octubre, da cuenta de la magnitud y gravedad de lo ocurrido. Y es un buen recordatorio de lo que ocurre, y puede llegar a ocurrir de nuevo, en contextos de desigualdad social y económica, discriminación e inconformidad social, pero sobre todo de lo que causa el que un gobierno haga de oídos sordos, aplicando medidas económicas no consensuadas que perjudican a gran parte de la población ecuatoriana, y que, por si fuera poco, encuentra en la fuerza bruta y no en el diálogo, su única respuesta ante justos pedidos y reivindicaciones sociales.
Todo lo dicho sirve para invitar a que nos informemos y hablemos sobre lo ocurrido en octubre de 2019, pero sobre todo para que no lo olvidemos. De aquello depende en gran medida que todas esas violaciones de derechos ocurridas no se repitan.