Por: Diocles Zambrano, Orellana
El tema de las utilidades de las empresas petroleras está causando conflictos entre las empresas, sus trabajadores y las comunidades. Es el caso de las empresas Petroecuador y Ecuaservoil, que a través del Estado ecuatoriano usan las fuerzas militares para reprimir de manera desproporcional al pueblo Waorani, por reclamar los derechos que por ley les corresponde, de acuerdo al artículo 57, numeral 6 de la Constitución ecuatoriana.
El bloque Armadillo se compone de 10 pozos y es operado por Petroecuador y Ecuaservoil. Este bloque está ubicado dentro de la comunidad Waorani de Dikapare, de la parroquia Inés Arango, cantón Francisco de Orellana, de la provincia de Orellana. En vista de que no han recibido las utilidades que les corresponde, los comuneros se tomaron las instalaciones de dicho bloque, el día 13 de abril de 2021, acción que fue repelida por un contingente militar cuando intentaban de ingresar a las instalaciones petroleras.
El día 15 de abril de 2021, el delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Orellana se reunió con Moipa Ñihua, presidente provincial de la nacionalidad Waorani de Orellana, y con otros técnicos y dirigentes de la nacionalidad, en virtud de los hechos de represión perpetrada por las Fuerzas Armadas en la comunidad Waorani Dikapare, entre los que se cuentan agresiones a varias personas, incluida una persona adulta mayor, quien presentó una herida en la cabeza.
El delegado comprometió la intervención de la Defensoría del Pueblo, a través de un exhorto defensorial condenando los actos de agresión a la comunidad y a la nacionalidad Waorani, la vigilancia del debido proceso a la denuncia presentada por las personas afectadas en la Fiscalía en contra de las Fuerzas Armadas; y a través de una visita en el lugar para levantar un informe de vulneración de derechos, previo permiso de las autoridades de la comunidad.