El pasado 21 de julio, se produjeron hechos de extrema violencia en la cárcel de Cotopaxi y en la Penitenciaría del Litoral, resultando fallecidas 27 personas privadas de libertad. Esto se suma a los más de 90 muertos en las cárceles en el mes de febrero de este mismo año. El discurso oficial, tanto del gobierno como de los grandes medios de comunicación, es hablar de una guerra por la hegemonía del poder en las cárceles entre bandas del crimen organizado como los “choneros” y los “lagartos”, vinculados a carteles mexicanos del narcotráfico. En estos hechos, además, una agente policial fue violada y cerca de cien reclusos se dieron a la fuga desde la prisión de Latacunga, siendo recapturados en su mayoría.
Las bandas están presentes en las cárceles pero no se puede afirmar que la mayoría de presos sean mafiosos o pandilleros. El propio y flamante director de del Servicio Nacional de Atención Integral a Personal Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores, SNAI, el exmilitar Fausto Cobo, señala que solo representan un 6% de la población carcelaria. De ninguna manera se pueden justificar, y peor aún considerar “merecidas” las muertes violentas de los detenidos, muchos de los cuales no tenían relación con las bandas indicadas. Además, dejan seres queridos sumidos en el dolor.
El Estado ha perdido el control sobre los centros penitenciarios, lo que se evidencia principalmente en las tres grandes cárceles del país en Guayaquil, Cuenca y Latacunga. Fueron construidas durante el correato, siguiendo el modelo de las gigantescas prisiones gringas para albergar miles de detenidos cada una, mega cárceles que resultaron completamente inadecuadas por su diseño y debido a las limitaciones y carencias de todo tipo que aquejan a nuestro país.
Otra herencia del gobierno de Correa es el incremento de la población carcelaria, que se triplicó durante su mandato. Como resultado, existe un notable hacinamiento en todas las cáceles del país, todo esto provocado por falta de políticas estructurales, numerosas reformas a la legislación penal que subieron penas y restringieron beneficios carcelarios, como la prelibertad. Además, reina la corrupción entre guías, cuyo número es insuficiente y están mal pagados, y también entre policías y administrativos. Sino, cómo se explica el constante ingreso a las cárceles de armas, celulares, drogas, electrodomésticos.
En este escenario, no hay garantía de protección de los derechos de los detenidos, empezando por su vida e integridad personal, cada mes se destapa un nuevo escándalo sobre torturas, malos tratos, violencia y asesinatos. Más bien parecería que la estrategia estatal ha sido abandonarlos a su suerte (una especie de pena de muerte), más allá de las declaraciones del presidente Lasso, que ofrecen combatir a las bandas criminales pero no plantean lograr la rehabilitación de los detenidos, que debería ser el objetivo principal de los centros de detención, tal como lo dice nuestra Constitución.
Se requiere un cambio radical del modelo de gestión de las cárceles para reducir el hacinamiento, lo que incluye modificar varias leyes hiper punitivas por parte del Legislativo que han llevado al enorme incremento de la población carcelaria. Los jueces y fiscales también deben apostar por adoptar medidas que no sean la cárcel, sobre todo en delitos mínimos y donde no existe mayor afectación a las personas. También deben crearse las condiciones e infraestructura para que una mayoría de presos pueda trabajar y así aportar económicamente a sus familias. Un cambio radical para que las cárceles en el Ecuador no sigan siendo como lo son hoy, un infierno en la tierra.