#OctubreNoSeOlvida es la campaña con la que recordamos a los hombres y mujeres que vivieron la desproporcionada represión militar y policial durante el paro nacional y levantamiento indígena de octubre 2019.
Los testimonios y hechos que se relatan son tomados del Informe Verdad, Justicia y Reparación, elaborado por la Alianza de organizaciones por los Derechos Humanos. El objetivo de este informe es contextualizar y evidenciar los hechos que podrían constituir graves violaciones a derechos humanos ejecutados por el Estado Ecuatoriano durante el levantamiento indígena y paro nacional que aconteció entre el 3 y el 13 de octubre de 2019.
“Acaba de caer una persona del puente… es una persona en el piso, no reacciona”.
” Acaban de botar los policías a tres jóvenes manifestantes desde el puente de San Roque, están tirados en el suelo… acaban de matar a tres muchachos”. Estos son fragmentos de algunos vídeos que circularon en redes sociales el 7 de octubre del 2019 en medio del levantamiento indígena y del paro nacional en Quito, Ecuador. Dos manifestantes fueron acorralados por la policía en el puente peatonal de ingreso del mercado de San Roque. Una reja les impedía el paso y, al tratar de cruzarla, ambos cayeron. O, al menos, eso dice el informe oficial de la Policía. José Chaluisa de 40 años y Marco Oto, de 26 años, murieron en ese incidente.
“Nos llamó la atención lo sucedido en el puente San Roque (…) la muerte de Marco Oto y el señor Chaluisa, ésas fueron muertes por agresión de la Policía, los vídeos que circularon y otros videos que están en el sistema policial, dan cuenta que es la Policía la responsable de esas muertes”. Luis Saavedra, Coordinador Ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos INREDH, quien investigó el incidente en San Roque. Lo mismo argumenta el hijo mayor de José Chaluisa, quien afirma que su padre no pudo correr y se quiso sostener con su mano, pero un policía le propinó un toletazo que lo hizo caer. En la autopsia vio la mano de José golpeada.
José murió el 9 de octubre. Era padre de 10 niños, el más pequeño tenía dos años. Trabajó como estibador durante 25 años en San Roque, uno de los mercados populares más grandes de Quito. Vivía entre la ciudad y su comunidad, Tagualó, a la que regresaba cada 15 días para encontrarse con su familia.
“Mi nombre es José Chusín Guamangate, soy el cuñado de José Daniel Chaluiza. Como cinco y media de la tarde un hermano me llama diciendo sabe que acaban de botar los policías del puente hacia abajo, mi hermano está muerto”. “Los policías querían llevar para hacer la autopsia (…) entonces, yo mi pedido era que el mismo hospital que haga el favor de hacer la autopsia. Yo mismo entré entonces y la autopsia decía que el pobre difunto había estado todas las costillas rotas, pulmones una vez reventados, desnucado…”.
El 8 de octubre, la Policía Nacional emitió un comunicado en redes sociales, en el que decían que las dos personas manifestantes sufrieron una caída por su cuenta y esto los llevó a tener politraumatismos. Alegaron que en los vídeos no se podía apreciar la causa de la caída y que iban a investigar. Por su parte, la ministra Paula Romo, negó la responsabilidad de la Policía en este hecho.
Al respecto, Luis Saavedra señala que “el caso, cuya responsabilidad, está en las manos de la Policía, no se ha avanzado, y esto es así porque, el gobierno, y todo poder político, necesita la lealtad policial. La Policía es una Institución que, como tal, responde al poder político y poder económico y estos poderes al necesitar la lealtad de esta institución lo que hacen es protegerla, proteger a sus miembros, impedir que avancen los procesos judiciales que se tienen contra estas personas”.
En el informe de la Alianza de organizaciones por los derechos humanos y según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en el contexto del paro nacional, hubo 10 muertes, para el gobierno fueron accidentales o por precipitación y negaron el uso desmedido de la fuerza en las protestas.
Es indispensable que el Estado se haga responsable y ofrezca justicia y reparación ante estos hechos criminales. El Informe Verdad, Justicia y Reparación “quiere ser un aporte en la construcción de un sendero de verdad, justicia y reparación integral para todas las personas, familias, comunidades y organizaciones que enfrentaron estos hechos, en medio del ajuste estructural neoliberal que implementa el gobierno ecuatoriano”.