¿Austeri… qué?

El diccionario de la Real Academia Española señala para la palabra ‘austero’ o ‘austera’ dos significados de los que queremos ocuparnos. Veamos.

  1. Adjetivo de: Severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral.
  2. Adjetivo de: Sobrio, morigerado, sin excesos.

Por lo visto estos significados son desconocidos por quienes componen la Asamblea Nacional del Ecuador, pues además de los altos costos de viáticos de su presidenta, ahora nos sorprenden con la noticia de un jugoso contrato por valor de $100.000 dólares, además sin IVA, para logística de eventos.

La oficina de prensa de la Asamblea salió a aclarar que no hay nada ilegal, ni turbio con el proceso de contratación. Y tienen razón. Pero es necesario aclarar que, aunque algo sea legal, no necesariamente será moral también.

Cómo es posible que, en un país casi en quiebra, en el que los escasos recursos económicos no alcanzan para comprar medicamentos para los hospitales; ni para pagar salarios dignos a las y los maestros, y no se diga a los profesionales de la salud; ni para financiar la educación superior, la cual ha sufrido constantes recortes a sus recursos; ni para cubrir tantas otras necesidades básicas de las personas y en especial de grupos vulnerables. Las y los asambleístas estén pensando que es éticamente justificable que se gaste parte del erario público en “actos como posesión de autoridades, informe a la Nación del Presidente, visitas de Jefes de Estado, presidentes de parlamentos y delegaciones internacionales.” 

El sentido común indica que, cuando en un hogar los ingresos alcanzan “con las justas” para comprar el mercado y los medicamentos, pagar la educación y los servicios públicos; cosas como agasajar visitas, hacer fiestas o gastar en lujos no son prioridad. Pero por lo visto esa lógica no resulta lógica en ciertas instituciones públicas.

Reiteramos lo dicho: ¡que algo sea legal no lo hace éticamente justificado de forma automática! Pues mucho deja que desear que una Asamblea se preocupe más por cumplir con actos protocolarios según la etiqueta, que de aquel paciente que no recibió su diálisis, aquel joven que no pudo asistir al colegio o la universidad, o de aquel niño o niña que se acostó con hambre.

Y mientras tanto, la Contraloría General del Estado persiguiendo nimiedades, cuando por otro lado se le escapa lo realmente importante.