El 28 de septiembre, un enfrentamiento entre bandas dentro de la Penitenciaría del Litoral dejó el saldo trágico de 119 personas privadas de la libertad muertas (PPL), la peor masacre carcelaria en la historia del país. El nivel de violencia y de sadismo con que fueron asesinados varios reos alcanzó niveles nunca antes conocidos, evidenciando el poder que han alcanzado los grupos asociados a los cárteles del narcotráfico dentro de las cárceles y fuera de ellas. Así como la corrupción reinante e inoperancia en el Estado.
El populismo penal implementado durante el correato a través del Código Orgánico Integral de Penal (COIP), mediante el endurecimiento de penas y el abuso de la prisión preventiva, dio como resultado que se triplique el número de PPL en las cárceles pero también el aumento notable de la violencia en el país, lo contrario al objetivo planteado.
El modelo de megacárceles, también instaurado por Correa, ha incrementado la violencia penitenciaria por el aislamiento de los PPL de sus familias y comunidades y por las dificultades de administrar y controlar prisiones con varios miles de presos. Además, ha dificultado el acceso a bienes y servicios básicos para los reclusos, fomentado dentro de estos recintos la corrupción. Como consecuencia, buena parte de sus gastos en prisión deben ser cubiertos por sus familiares, mayoritariamente de escasos recursos. Las autoridades penitenciarias y de gobierno del régimen de Lasso han tratado de ocultar esta realidad, reduciendo el problema carcelario a un enfrentamiento entre bandas asociadas al narcotráfico y el Estado.
El gobierno de Lasso y anteriormente el de Moreno solo han sabido responder con el envío de fuerzas policiales y militares durante y después de las masacres, sin que hayan logrado contener esa situación sino luego de que se hayan producido muchos muertos. De hecho, al cabo de una semana de la reciente carnicería aún persiste el descontrol en la Penitenciaría del Litoral. Resulta más que sospechoso que los PPL miembros de los grupos violentos logren conseguir armas de grueso calibre con las que ejecutaron la reciente masacre a pesar de las numerosas requisas realizadas por la Policía pocos días antes. Es evidente la corrupción entre guías penitenciarios y administrativos, que incluso alcanza a policías y jueces. El Estado se ha encargado de recoger los cadáveres y poco más. Sus funcionarios ni siquiera han sido capaces de informar oportunamente a los familiares de la situación de las víctimas, incrementando su sufrimiento y desesperanza.
Los presos por pensiones alimenticias podrían estar afuera con medidas sustitutivas. Estando detenidos es seguro que no podrán cumplir con sus obligaciones. Entre los masacrados habían 17 padres presos por no pagar las pensiones de sus hijos y 23 choferes con delitos leves. La mayoría de de los muertos en la masacre no pertenecían a las bandas enfrentadas.
Es evidente que el gobierno de Lasso no tiene una política penitenciaria. Ésta debería estar claramente definida, planificada y administrada por profesionales capacitados en criminología, que encaren el problema carcelario desde una perspectiva integral, social y de rehabilitación, en el cual los PPL sean considerado como seres humanos con derechos y potencialidades y no como sujetos poco menos que desechables, convertidos en cargas para el Estado. Los presos deberían estar separados por niveles de peligrosidad e incluso asignados a cárceles distintas. Las megacárceles, imitación del modelo norteamericano, son inmanejables en el Ecuador por la cantidad de recursos que se requieren y que el Estado no puede asumir. Hay demasiado que hacer para resolver el problema penitenciario y el gobierno de Lasso no ha demostrado que esté capacitado para lograrlo. Ni que tenga la voluntad política de hacerlo.