PARO ECUADOR: Criminalizados

“El otro problema fuerte también que vivimos era la persecución y la intimidación hacia los dirigentes. Luisa, ve escóndete que nos van a matar, Luisa escóndete, salte de aquí porque dice que nos están buscando”.

Así se expresa Luisa Lozano, ex dirigenta de la mujer de la CONAIE. Luisa, como tantas otras mujeres indígenas, estuvo presente los 11 días del paro nacional de octubre de 2019. Varios dirigentes indígenas fueron investigados y acusados por terrorismo, secuestro y creación de grupos subversivos. Es decir, se criminalizó el derecho legítimo a la protesta social.

Y continúa Luisa con su testimonio, “llegaron a más de mil trescientos detenidos en todo el contexto del paro y claro, para nosotros eso era preocupación porque en ellos había seis menores de edad detenidos. Acusados de terrorismo, acusados de sabotaje y era para nosotros indignante, que un niño de catorce años sea acusado, encarcelado injustamente por muchos días. En el 2015 también vivimos esa misma represión y justo ahí también fui encarcelada. Pero más allá de eso ya te expones, no piensas si vas a vivir o vas a morir, lo único que piensas es seguir luchando, porque ya no puedes quedarte callada. Yo creo que la misma sangre de nuestros abuelos, la misma energía de ellos, nos impulsa a seguir. Yo nunca tuve miedo y con mis compañeras que estuvimos no tuvimos miedo, siempre estuvimos de frente, llegamos a la Asamblea, les dijimos a los policías vea dejen de perseguirnos, dejen de disparar, somos hermanos, nuestra familia nos espera en la casa”.

Luisa tiene 44 años y es madre de cuatro niños. Su rol en el paro no solo era estar al frente, organizar, apoyar y ayudar sino que también llevó un registro de las personas heridas, detenidas y muertas en el contexto de la manifestación.

Luis Saavedra, coordinador del INREDH, señala que la criminalización de la protesta social se da desde el poder político y a su vez, el poder político actúa en representación de intereses económicos. Y añade que, “cuando hicieron el Código Orgánico Integral Penal justamente apuntaron a perseguir a los luchadores sociales, sabiendo que la misma Constitución garantiza el derecho a la resistencia, pero hay una parte de la de la Ley que también criminaliza la protesta social, la paralización de servicios públicos. Entonces, acá está la miel y acá está la ley, entonces eso es con dedicatoria para todos los sectores que luchamos.”

El Código Orgánico Integral Penal contiene un conjunto de normas punitivas que incluyen delitos por violaciones a los ddhh y violencia de género. En los hechos de octubre, por decisiones políticas, se incumplieron las normas y se crearon condiciones para asegurar la impunidad. “Una muestra de ello es que los juicios hacia el gobierno y la policía no han avanzado, pero sí el de los líderes sociales, quienes, a pesar de la pandemia han tenido que ir a testificar”.

Luisa concluye su relato señalando que “yo creo que el principal aprendizaje de octubre es que el poder indígena está intacto, si alguien creyó que la CONAIE es unos 5 o 6 dirigentes, que la ECUARUNARI son unos 3 u 4, o como dijo Correa que eran unos 4 pelagatos, octubre demostró de que no. El movimiento indígena es un actor social clave y es un actor social al que se le debe escuchar y respetar”.

Este testimonio constituye un ejercicio de memoria y de búsqueda de verdad, de justicia y de reparación para las víctimas de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Paro Nacional y levantamiento Indígena de octubre 2019, sus familias y sus comunidades.