Cada año celebramos el aniversario de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca un antes y un después en la historia de la humanidad. Significa un acuerdo para el respeto y garantía de nuestra dignidad entre seres humanos y la férrea voluntad de no repetir una nueva guerra mundial ante una muy probable extinción. Se trata del documento más suscrito por los Estados y el instrumento que es la piedra angular de la cual se desprenden muchos otros tratados y el catalogo de derechos de nuestras constituciones.
¿De qué sirve una Declaración cuando se siguen violando los derechos humanos? Y también con mucho realismo responderemos: la gran mayoría de gente es consciente de esos derechos precisamente por esa Declaración, que luego inspira a nuestras Constituciones. También, con realismo, podemos decir que esos derechos reconocidos en la Declaración nos permiten hacer cada año una evaluación de ¿cómo estamos? ¿hacia dónde vamos? y ¿a dónde debemos enfocar nuestra lucha?
En ese orden de ideas, debemos seguir luchando por los derechos sociales, pues 2021 también fue marcado por la crisis por la pandemia de la Covid 19. Si bien ya disponemos de vacunas, la crisis no ha terminado ni mucho menos. La crisis sanitaria se agrava con la precarización laboral del personal sanitario, la reducción de sueldos y los despidos, pero también con la inconciencia ciudadana y la indiferencia de los “antivacunas”.
Y mientras que los negocios no se han recuperado y la posibilidad de conseguir un préstamo o recursos escasea, ciertas industrias han encontrado en la pandemia su oportunidad para acrecentar sus ganancias, pero mediante reducción de sus empleados, jornadas más largas, condiciones más inclementes para quienes conservan su empleo, pero también con un incremento del costo de sus servicios a los consumidores.
Las políticas del Ejecutivo no han ayudado a superar la crisis, sino que la han agravado, generando una brecha más grande entre los de clase alta, la clase media y la clase popular. Mientras los primeros gozan de nuevos beneficios y privilegios, todos los demás asumen nuevas cargas tributarias y laborales. El Estado deja de invertir en servicios y derechos sociales pese a exigir más financiamiento. Por si fuera poco, es evidente un proceso de desregularización del mercado y los servicios financieros, las grandes empresas encuentran oportunidades para maximizar utilidad sin importar los costos humanos, sociales y ambientales, generando un escenario similar al que antecedió a la crisis de los años noventa. La crisis económica también es la excusa para traspasar ciertos límites que nos habíamos trazado. Nuestras selvas, páramos, valles, bosques, ríos y quebradas van desapareciendo cada día a un ritmo acelerado, mientras el crecimiento de las mineras y las petroleras se incrementa en la misma proporción.
Otros poderes del Estado hacen gala de sus vagancia e inoperancia. El Legislativo no legisla y cuando lo hace, es de forma antitécnica e inclinando la balanza a favor de los poderosos. Dejaron pasar una ley que perjudica los bolsillos de la gran mayoría de ciudadanos, con su demagogia y populismo llenan las cárceles y criminalizan la protesta y siguen sin legislar acerca del acceso a la interrupción del embarazo por violación. El poder de participación ciudadana, ni es poder, ni es ciudadano. Y el poder judicial consagra todo lo que ocurre, y es cómplice de una crisis carcelaria que ya tiene tintes de genocidio.
Ante este escenario, y como pintan las cosas, no queda de otra sino seguir levantando la voz y luchar, seguir reclamando y luchando como el pueblo siempre lo ha hecho. Hoy recordamos el 10 de diciembre precisamente para exigir esos derechos que son parte de nuestra dignidad, esa libertad e igualdad que nos pertenece y esa justicia que nos niegan.