Maritza Salazar, Radio Cotopaxi
En Ecuador, según datos estadísticos de la fundación ALDEA, una mujer es asesinada cada 3 días; todos los días escuchamos noticias de mujeres que han sido asesinadas por el hecho de ser mujeres. En los últimos cuatro años han ocurrido más de 20 femicidios en la provincia de Cotopaxi y según datos de la encuesta nacional realizada en el año 2020, 63 de cada 100 mujeres han sido víctimas de algún tipo de violencia en la provincia.
Frente a esta realidad injusta, y con el firme compromiso de dar acogimiento y atención integral a mujeres en situación de violencia, se creó en agosto del año 2017 la Casa de Acogida Cotopaxi, una alianza entre la Prefectura de la Provincia y el Municipio del cantón Salcedo, quienes financian todos los servicios.
Desde su apertura hasta la fecha se ha logrado acoger y garantizar el derecho a una vida libre de violencia a más de 320 mujeres con sus hijos e hijas, la pandemia que la padecemos desde hace dos años ha agravado la vida de muchas mujeres que se han visto obligadas a convivir con su agresor.
Desde esta experiencia de la provincia de Cotopaxi hemos evidenciado la importancia y la urgencia de mantener estos espacios de acogimiento, los costos de funcionamiento son relativamente altos, pero necesarios para dar una respuesta efectiva de protección y defensa de la vida a mujeres, sus hijos e hijas que viven en situaciones de violencia.
Las alianzas entre lo ciudadano, lo público y lo privado son fundamentales para mantener las casas de acogimiento, sin embargo, es responsabilidad del Estado Ecuatoriano garantizar el derecho a la vida de las ciudadanas y ciudadanos; y que sea una vida libre de violencia. Por ello, desde el Estado central y los distintos gobiernos locales deben continuar entregando los recursos necesarios, tal como dispone la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
Nos unimos al llamado y a la exigencia que realizan las casas de acogida a nivel nacional para que la Secretaria de Derechos Humanos y este Gobierno, garanticen el sostenimiento de estos servicios de las 13 Casas a nivel del país, las cuales dependen de estos recursos. El dejar sin recursos a estos espacios es terminar con el único mecanismo concreto de prevención del femicidio en el país.