Piedad Ortíz, PROTOS
El 28 de enero pasado, la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad por la forma,
de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua y su
Reglamento.
La sentencia de la Corte Constitucional encarga al presidente Guillermo Lasso la
elaboración de una nueva propuesta de Ley de Recursos Hídricos. Este encargo a una
Presidencia que busca resolver todo a través de la privatización y el debilitamiento del
Estado, y que pretende impulsar una agenda extractiva a fuerza, como lo demuestran los
decretos ejecutivos, solo deja más incertidumbre y riesgos.
Al respecto, Hender Solíz, director de PROTOS- Ecuador señala que “la Corte
Constitucional declara la inconstitucionalidad de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos Usos
y Aprovechamiento del Agua, luego de siete años de una acción interpuesta por la CONAIE
y ECUARUNARI que consideraron que el proceso de consulta pre legislativa llevado a cabo
no se desarrolló en las condiciones adecuadas de transparencia, de participación y sobre
todo, de los aportes que se generaron en este proceso.
Si bien la acción de estas organizaciones era absolutamente legítima por considerarse
afectado su derecho a la consulta pre legislativa, la Corte resuelve 7 años tarde y crea con
esto un vacío y un caos en el sector de los recursos hídricos, que ya venía sufriendo varios
golpes a raíz de su fusión con el Ministerio del Ambiente y su casi desaparición en términos
de su capacidad institucional, de recursos de personal y de procesos y procedimientos para
una adecuada gestión de los recursos hídircos”.
Además, Solíz señala que “la decisión de la Corte Constitucional de dejar sin efecto la
LORH, por la acción de inconstitunalidad de la CONAIE y el ECUARUNARI, no solo que es
inoportuna, sino que abona a aumentar la crisis institucional respecto a la gestión de los
recursos hídricos en el país. Adicionalmente, encarga exclusivamente a la iniciativa del
Presidente de la República generar un nuevo proyecto de ley, cuando esto podría darse
desde la Asamblea Nacional, en un amplio proceso de participación y discusión nacional,
que al menos pueda incorporar en esta ley los distintos debates y anhelos de varios
sectores”.
El presidente Lasso tiene la obligación de construir una ley con un proceso participativo,
transparente, democrático y de diálogo, una ley que priorice la vida y los derechos sobre el
capital y la extracción. Aunque es poco probable que lo haga, sí podremos generar un
amplio proceso de movilización social para exigirlo.