El 17 de febrero la Asamblea Nacional aprobó la ley de interrupción del embarazo en casos de violación, luego de que se modificaron los plazos para efectuar el procedimiento. 75 asambleístas se pronunciaron a favor, aprobando un plazo de hasta 12 semanas para mujeres mayores, y de 18 semanas para menores y grupos vulnerables. La propuesta original era de 28 semanas para mujeres mayores y sin plazos para las niñas y mujeres vulnerables, sin embargo no fue aprobada. Entonces empezaron las negociaciones en la Asamblea, impulsadas por asambleístas conservadores, para rebajar los plazos, proponiendo llevarlos incluso a 6 y 12 semanas respectivamente.
Según los grupos que defienden los derechos de las mujeres, se regatearon las semanas sin ningún criterio, la ley fue subastada y negociada. Se jugó con los derechos de las mujeres con consecuencias gravísimas. ¿Qué pasa si una mujer que fue violada requiere hacerse el aborto un día después de vencido el plazo? ¿Debe ser denunciada? ¿No se le practicará el aborto?
No se entiende cómo a una mujer o niña se le puede obligar a tener un hijo, fruto de un acto de violencia brutal como es una violación. Sin embargo, una mujer médica y madre, miembro de Provida, incluso llegó a afirmar que “el mantener tu embarazo más bien incrementará tu dignidad, es el que curará tus heridas.”
A pesar de la aprobación de la ley en la Asamblea, el presidente Lasso, miembro del tenebroso, pero inmensamente poderoso grupo católico del Opus Dei, ya afirmó que vetará la ley, aduciendo que “esa es su obligación”. Su postura supercuruchupa coincide exactamente con la del expresidente prófugo Rafael Correa, de signo político supuestamente contrario, pero iguales de conservadores y poco empáticos con los derechos de las mujeres, en especial las de los sectores más pobres y rurales. Se confirma la reactivación de una noción religiosa de la política, y no solo a nivel nacional sino global, lo que significa no solo un gran riesgo para los derechos y libertades de las mujeres sino, además, un indudable retroceso para la humanidad.
En Ecuador, para ciertos grupos como los provida y algunos políticos, es como si no hubiera existido la revolución liberal ni la implementación de laicismo en la sociedad ecuatoriana hace ya más de un siglo, ni el gran avance en los derechos humanos de las mujeres a lo largo de los siglos XX y lo que va del actual. Oscurantismo que simplemente, a estas alturas de la historia, resulta inaceptable.
Mientras tanto, en el vecino país de Colombia, la Corte Constitucional acaba de aprobar mediante sentencia, la interrupción voluntaria del embarazo sin restricciones hasta las 24 semanas, importante conquista a favor de la vida y los derechos de las mujeres.