La violencia sigue presente en todos los titulares. Violencia entre países, en las calles y espacios públicos, y lo peor de todo, en los hogares. Es preocupante que la forma de relacionamiento entre seres supuestamente “civilizados” siga siendo la agresión. Y peor aún cuando las víctimas son niñas y niños, quienes al crecer probablemente la reproduzcan, por solo conocer esa forma de relacionarse con los demás.
Aunque a veces nos falten fuerzas, y lleguemos al hartazgo por recordarlo una y otra vez, la violencia es la antítesis de la paz y los derechos humanos. La ONU consciente de ello estableció como una de las metas del milenio la de: “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible, brindar acceso a la justicia para todos y fomentar instituciones eficaces, responsables e inclusivas en todos los niveles”. Pero ¿cómo lograrla para proteger a niñas y niños? La Unicef señala que cuando menos los Estados deberían:
– Establecer una supervisión de alto nivel de un programa nacional coordinado para poner fin a todas las formas de violencia contra las y los niños e invertir en su protección.
– Reformar las leyes para prohibir todas las formas de violencia contra las y los niños en todos los ámbitos.
– Reforzar los sistemas de protección de la infancia y el personal de los servicios sociales en todos los sectores: bienestar social, justicia, salud, educación y seguridad.
– Reforzar la capacidad de las y los niños, sus padres o cuidadores, las comunidades y quienes toman decisiones para desafiar las actitudes y comportamientos perjudiciales y adoptar normas sociales positivas.
Como se observa, el camino aún es largo. En especial se requiere que el Estado ecuatoriano tome más en serio su labor con la niñez. Pues, por ejemplo, la Asamblea aún tiene mucho que hacer con respecto al desarrollo normativo. Temas como la niñez abandonada o en riesgo de exclusión, la desnutrición infantil, la violencia sexual, o la violencia en establecimientos educativos, entre otros, siguen sin mejorar. De igual forma, el gobierno tiene aún mucho por hacer con respecto a las políticas públicas de protección de niñas y niños contra todos los riesgos sociales, y ahora incluso naturales. Empezando por subsanar la falta de un ente nacional responsable del tema, tal y como lo señaló el Comité sobre los Derechos del Niño en 2017.
Y ni hablar de la sociedad, que sigue pensando que las personas menores de edad son incapaces o son solo un apéndice de sus familias o cuidadores. Haciendo que la frase “las niñas y niños son el futuro” solo sea una mera fórmula vacía en la realidad en muchos casos. Tenemos que preocuparnos porque la niñez viva en paz y en condiciones dignas, y tenemos que hacerlo ahora.