Sonia Rodríguez Jaramillo, CEPAM Guayaquil
Las atenciones en los servicios de salud continúan siendo parciales e incompletas, es decir
atentatorias a la salud, a la dignidad y a la vida.
Forzar a una adolescente violada a llevar adelante un embarazo, sabiendo que es inviable por el
estado de salud, es cruel, anti ético, en contra de la salud física y mental. Las niñas y adolescentes
salen de los hospitales más afectadas, les hacen creer que son culpables del aborto espontaneo.
No les dan atención especializada; tratan como “mamitas” o “señoras” a niñas y adolescentes, no
consideran que han sufrido violencia sexual. Son niñas y no pueden, ni deben ser madres.
Adicionalmente, su salud física, su cuerpo quedan afectados. No reciben el seguimiento debido a su salud, andan de hospital en hospital. “No hay medicinas, no hay como hacerle un eco…hágalo
privadamente”, es lo que escuchan.
Una adolescente dice “me duele el estómago, me duele todo el cuerpo, pero no quiero ir al hospital y que los doctores me pregunten qué me paso, no quiero hablar de eso”. Tiene pesadillas, escucha llanto de bebe, palabras de doctoras y enfermeras culpabilizándola.
Las niñas, adolescentes, mujeres que han sufrido violencia sexual requieren atención especializada, tener la posibilidad de optar por un aborto, una interrupción voluntaria, es su derecho frente a un Estado que no las protege de la violencia sexual, ni propicia el ejercicio de sus derechos.