Ecuador conmemora cada 14 de agosto el “Día contra la violencia sexual en las aulas” en
cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, resuelta en
2020, por el caso de Paola Guzmán Albarracín. Paola tenía 16 años cuando se suicidó luego de ser
abusada sexualmente por una autoridad del colegio donde estudiaba.
La historia de Paola no es aislada. El país ha sido testigo de otros casos como AAMPETRA con el
saldo de horror de 43 niños abusados sexualmente de forma sistemática. Tal fue la presión
mediática de este caso que la Asamblea Nacional conformó una Comisión Especializada en 2018.
Al final, el informe registró 4584 casos de abuso sexual de los cuales solamente 739 fueron
judicializados y muchos de ellos están todavía en el sistema de justicia. Seguimos presenciando
nuevos casos como el de la adolescente del Colegio Dillon, donde frente a la impunidad
institucional, compañeras y compañeros de clase organizaron movilizaciones para pedir justicia.
Pese a la sentencia de la Corte IDH, todavía Ecuador tiene pendiente hacer transformaciones
estructurales en el sistema educativo para prevenir la violencia sexual en las escuelas y colegios.
Hace falta educación integral de la sexualidad, esto es central para que niñas, niños y adolescentes
puedan identificar clara y tempranamente la violencia sexual y pedir ayuda. Hace falta educación
sobre derechos de niñas, niños y adolescentes a adultos, prevención de violencia y sanciones
previstas para quienes trabajan como enseñantes, autoridades, personal administrativo y otros.
Se necesita trabajar sobre una cultura de escuchar y creer a quienes denuncian la violencia sexual.
Hace falta sancionar oportunamente a escuelas y autoridades que no actúan o lo hacen de forma
negligente. Deben ser ampliamente difundidos protocolos y rutas de denuncia y deben ser
conocidos por toda la comunidad educativa.
En 2020 Human Rights Watch publicó la investigación “Es una lucha constante” la violencia
sexual en instituciones educativas y los esfuerzos de jóvenes sobrevivientes por obtener justicia en
Ecuador, incluyó varias recomendaciones para todas, las el Estado son:
- El establecimiento de un fondo nacional de reparación para las y los sobrevivientes de
violencia sexual, incluidas las sobrevivientes de violencia de género relacionada con la escuela. - Establecer un mecanismo de coordinación y monitoreo interinstitucional.
- Publicar periódicamente datos sobre las denuncias presentadas que estén disponibles para el
público, protegiendo la información privada. - Hacer un seguimiento del cumplimiento de las reparaciones ordenadas en sentencias judiciales.
- Asignar recursos para prevenir y abordar la violencia sexual en las instituciones educativas.
- Incrementar el escrutinio de los colegios particulares, incluidos los colegios religiosos o
militares, y fiscomisionales, y velar por el cumplimiento de los protocolos existentes. - Investigar y llevar a juicio a todos los casos de violencia sexual relacionada con instituciones
educativas, respetando el requisito constitucional y legislativo de garantizar un procedimiento
especializado y expedito de los delitos que se cometan contra niñas, niños y adolescentes. - Incrementar las unidades especializadas en violencia de género, para asegurar la cobertura
geográfica y acompañamiento jurídico a las víctimas: - Asegurar que los procedimientos sean accesibles para los niños y niñas con discapacidades.
Queda tanto por hacer.