El último Examen Periódico Universal sobre la situación de los derechos humanos en el Ecuador (también llamado EPU) fue presentado a la ONU en 2016. Luego de 6 años, el Consorcio de Organizaciones de la Sociedad Civil concluyó que hasta el 2022, el Estado ecuatoriano no ha implementado la mayor parte de las recomendaciones que le hicieron y que sigue vulnerando los derechos a la vida, a una vida libre de violencia y de corrupción, a la libertad de expresión, a la libre opción sexual, movilidad humana y otros.
El Consorcio, formado por Asociación de Familiares de Desaparecidos, Comisión de Derechos Humanos, Fundamedios, Desafío, Lucha Anticorrupción, entre otras organizaciones, presentó un informe consolidado sobre la democracia, las instituciones y los derechos humanos en el país, el cual señala que en este lapso la problemática de la vulneración de los derechos humanos se ha agravado por el aumento de la pobreza, el desempleo, la pandemia del COVID, la crisis sanitaria, la violencia social, el auge del crimen organizado y el narcotráfico, la desinformación, la desconfianza social, la crisis migratoria y otras causas.
El Estado (también la sociedad) se ha debilitado y no ha sido capaz de establecer y llevar adelante políticas publicas para enfrentar los problemas a consecuencia de la pandemia como el aumento del desempleo, la inseguridad y una insuficiente reactivación económica. El gobierno ecuatoriano recibió 24 recomendaciones sobre derechos a la libertad de expresión, de asociación y libertad de pensamiento. Sin embargo, entre 2017 y 2022, hubo más de 1100 agresiones contra periodistas, ciudadanos y medios de comunicación en los que se atentó contra estos derechos.
La violencia de género contra las mujeres (física, psicológica, sexual y patrimonial) no disminuyó, sino que se incrementó. Y si 60.6% de mujeres habían sufrido algún tipo de violencia en 2017, para el 2019 la cifra era del 65%. El año 2021 fue el más violento para mujeres y niñas en el Ecuador por el incremento notable del número de feminicidios.
Aunque no hay cifras oficiales sobre el número de desapariciones forzosas en el país, se estima que habría unas 2000 personas desaparecidas, incluyendo las ocasionadas por agentes del Estado. El organismo encargado del registro ha sido ineficiente.
Aunque las 22 recomendaciones del EPU se refieren a políticas publicas para reducir la corrupción, el Ecuador sigue mostrando un retraso en implementarlas y es muy poco lo que los gobiernos han logrado al respecto, particularmente en la recuperación de fondos públicos que fueron saqueados. Entre 2007 y 2019, la corrupción la costó al fisco cerca de 70 mil millones de dólares, lo que corresponde al presupuesto del Estado de 2 años.
Lo sucedido en las cárceles demuestra que el Estado ecuatoriano no tiene capacidad de control sobre las mismas. Las masacres se han multiplicado y entre 2019 y 2022, se cuentan más de 400 asesinados, sin que se haya establecido responsabilidades, constituyendo un gravísimo problema de violación de derechos humanos. El gobierno afirma que se trata de enfrentamientos entre grupos rivales asociados a los carteles del narcotráfico, pero la mayoría de los masacrados no tenían vinculación con estos.
La situación de los derechos humanos es desoladora y en la mayoría se observa retrocesos en lugar de avances. Por eso es indispensable seguir adelante en la lucha por su vigencia.