Cuando enfrentamos una crisis política o social en Ecuador tenemos la tendencia de en lugar de encontrar soluciones, buscar culpables. Una práctica y discurso recurrente y peligroso es identificar a defensoras y defensores de derechos humanos como responsables de las crisis cuando ellas y ellos en realidad ponen en evidencia las limitaciones, excesos u omisiones estatales.
Es como si el poder hubiera olvidado lo sano que es que tenga un escrutinio y que el ejercicio del poder debe servir a todas las personas por igual, que la garantía de los derechos humanos es responsabilidad del Estado y que las personas los ejercen, pero así mismo pueden activar mecanismos de exigibilidad y denuncia.
Por esto es importante recordar que existe la Declaración sobre los defensores de los derechos humanos que fue adoptada por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998. Esto fue posible tras 14 años de negociaciones y luego de un profundo debate que entendió la importancia y el impacto del trabajo de defensoras y defensores de derechos humanos.
En este instrumento se establecen las responsabilidades del Estado respecto de las y los defensores de derechos humanos y entre otras constan:
• Proporcionar recursos eficaces a las personas que denuncien haber sido víctimas de una violación de los derechos humanos;
• Realizar una investigación rápida e imparcial sobre las presuntas violaciones de derechos humanos;
• Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de toda persona frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación negativa, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración;
• Promover la comprensión pública de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales;
• Promover y facilitar la enseñanza de los derechos humanos en todos los niveles de la educación y la formación profesional oficial.
Anteriormente también la Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que es deber del Estado proteger y respetar las funciones que puedan desempeñar los individuos que defienden los derechos humanos ya que estos constituyen un aporte positivo y complementario a los esfuerzos realizados por el propio Estado. También el Consejo de Derechos Humanos Naciones Unidas en el marco de la rendición de cuentas del examen periódico universal realizado en noviembre de 2022, pidió al Estado ecuatoriano un sistema de protección a defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.
Denunciamos que la situación se vuelve cada vez más peligrosa para quienes denuncian atropellos a los derechos humanos, porque por una parte están expuestos a la violencia oficial que estigmatiza esta labor y la amedrenta y por otra a la violencia de otros grupos que ven como amenaza el trabajo de defensores de derechos humanos, entre ellos grupos delincuenciales, grupos con intereses en tierras y territorios, monopolios económicos y financieros entre otros.
La estrategia gubernamental de llevar el foco de la discusión mediática a agudizar los ataques a defensoras y defensores de derechos humanos atenta no solo contra estas personas, sino que también debilita la situación de los derechos humanos en general en el país, que ahora mismo pasan uno de sus peores momentos enfrentando violencias complejas que también son una amenaza a la misma democracia.