Se terminó el año 2022. Este año se pensó que se acabaría la pandemia y que
sería el de la recuperación económica del país. Ni lo uno ni lo otro. El
crecimiento económico ha sido insuficiente. La inversión en la obra pública, la
que más crea puestos de trabajo, tan necesarios después de la pérdida de
cientos de miles de trabajos por causa de la pandemia, ha sido realmente
escasa. La pobreza, la pobreza extrema y la falta de empleo en el país siguen
siendo problemas crónicos en el Ecuador. El panorama económico desolador y
la inseguridad para millones de compatriotas, han provocado una nueva ola de
inmigración irregular hacia los Estados Unidos, con la lamentable consecuencia
de muertos y desaparecidos en el desierto de la frontera o mucho más al sur,
en la selva de Darién.
El gobierno asegura que la situación económica ha mejorado y que se han
creado nuevos empleos, pero estos corresponden básicamente a cierta
reactivación del sector privado. Aunque en el 2022 la recaudación fiscal
alcanzó un nivel récord, recayó sobre los hombros de la clase media, a quien le
tocó realizar el mayor ajuste, y no a los grandes grupos económicos. Otro
efecto de la pandemia ha sido la regresión de derechos laborales por la ley de
apoyo humanitario, algunos de cuyos artículos siguen vigentes.
En el 2022 la delincuencia organizada y los delitos relacionados con el
narcotráfico, incluidos asesinatos y extorsiones, alcanzaron el nivel más alto de
la historia. El gobierno y las fuerzas de seguridad han sido completamente
superados. La tasa de asesinatos ha convertido al Ecuador en uno de los
países más violentos de América Latina, con más de 4200 asesinatos en el
año, casi el doble del año anterior, en su mayoría vinculados al narcotráfico.
Asimismo se ha incrementado exponencialmente los casos de extorsión en las
principales ciudades.
En el 2022, hubo 123 asesinatos en las cárceles, menos que en el 2021, pero
la cifra sigue siendo muy alta y el control de estos centros siguen estando en
manos de las bandas ligadas al narcotráfico. Las fuerzas del orden llegan solo
a contar los cadáveres. Entre los asesinados, muchos no tienen nada que ver
con los enfrentamientos de las bandas armadas. Armas, drogas y celulares
circulan sin dificultades por las cárceles del país, evidenciando la inoperancia y
corrupción de las fuerzas del orden y guías carcelarios. La mayoría de órdenes
para cometer sicariatos en las calles provienen de los cabecillas de las bandas
que están detenidos.
El 2022 fue el año más violento para las mujeres en nuestro país con cerca de
280 feminicidios. El caso de María Belén Bernal, asesinada por su marido
Germán Cáceres (recién capturado), dentro de la Escuela Superior de Policía
evidencia que, incluso ahí, la vida de una mujer está en riesgo. Por otra parte,
la violencia de género se incrementó como consecuencia del confinamiento por
la Covid y, en lo laboral para las mujeres de la región, se produjo un retroceso
de 10 años a causa de la pandemia.
Este panorama es bastante desolador ya que la inseguridad, la falta de empleo
y la pobreza van en aumento, ante la indolencia y la inoperancia del gobierno
y de las fuerzas de seguridad. Los derechos humanos, en especial los sociales,
políticos y económicos son violados sistemáticamente. Y no se esperan
grandes cambios para el 2023. Las medidas que toma el gobierno son
claramente insuficientes y contradictorias, a menudo orientadas a la
estabilización macroeconómica pero alejadas de lograr el bienestar de las
mayorías de ecuatorianos.