Por: Diocles Zambrano
Parece de Ripley lo que está sucediendo en las selvas amazónicas, sus ríos y su biodiversidad. Para citar algunos ejemplos, en la Provincia de Napo el problema de la minería legal o ilegal tiene a los habitantes de los ríos Yutzupino, Jatun Yaku, Anzu y otros tributarios del gran Rio Napo en zozobra, pues la extracción de oro por empresarios “desconocidos “, que a vista y paciencia de propios y extraños y con una gran cantidad de retroexcavadoras, remueven el material pétreo para extraer el preciado metal. Se han realizado más de tres intervenciones de los “entes de control”, se han decomisado cientos de maquinaria, pero el problema sigue, y cuando se hacen las intervenciones la mayoría de maquinarias ya no están en el sitio, porque alguien avisa de los operativos y las esconden.
Lo mismo sucede en la Provincia de Orellana, aunque por partida doble. La minería “ilegal” está destruyendo las riveras de los ríos Alto Punino, Rio Sardinas, Rio Lumucha y Rio Acurano, donde también se han hecho más de tres operativos y supuestamente decomisado varias maquinarias y apresado a varias personas. Sin embargo, apenas salen los militares y policías, los mineros vuelven a arremeter contra la naturaleza, continuando así con su nefasta labor de destrucción y poniendo en peligro la vida de más 70 mil habitantes de la ciudad de Orellana. La mayoría de estos ríos son tributarios del Rio Payamino y Rio Coca, de donde se capta el agua para abastecer a la ciudad de Orellana. El agua, según el alcalde de ese cantón, no es apta para potabilizar o se tiene que gastar mucho en hacerlo.
Por otro lado, los derrames de petróleo son ya el pan de cada día y ninguna autoridad se hace responsable por estos daños al ambiente a la naturaleza y a la salud de sus habitantes.
La pregunta en el tema minero es cómo se enteran los mineros de los operativos de desalojo en forma tan rápida, ¿será que hay autoridades involucradas en esta actividad? ¿O hay infiltrados de los responsables de estas actividades ilícitas en las estructuras de control de los diferentes niveles de gobierno? Alguien tiene que responder a estas inquietudes, ya que, tanto en Napo como en Orellana, la ciudadanía está pidiendo se declare la emergencia ambiental para poder resolver esta grave situación.