Recientemente en la red social twitter un usuario dedicado la seguridad informática alertaba que una cuenta anónima puso a la venta los datos personales de millones de ecuatorianas y ecuatorianos, esto incluía nombres completos, correo electrónico, datos de identificación y contacto. Los datos al parecer provienen de una filtración de los registros de vacunación del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El Portal La Barra Espaciadora realizaría una investigación al respecto y confirmaría que la filtración era real, esto al realizar la verificación de datos de determinadas personas que constaban en el listado de muestra ofertado. Además, encontraron este texto en un foro de hackers o piratas informáticos “Estamos vendiendo el acceso a la información de los pacientes vacunados entre 2021 y 2023, son millones de registros… En resumen, podríamos hablar de toda la población ecuatoriana vacunada”.
Ante la noticia, el MSP en un escueto y simple comunicado dijo “en relación a las publicaciones generadas en redes sociales sobre una supuesta filtración de base de datos de la institución, NO existe vulneración de sus sistemas informáticos y, por tanto, la información que se aloja en la infraestructura tecnológica se encuentra resguardada…”
Lo preocupante de la noticia divulgada es que esta no es la primera, ni la segunda ocasión que información personal de millones de compatriotas fue filtrada, y que las instituciones públicas o privadas que deberían resguardar dicha información fallaron y aún más grave negaron lo ocurrido, esquivando su responsabilidad.
Ocurrió en este mismo año por un error administrativo del propio MSP, institución que público en su página web la información de vacunados sin hacer anónimos los datos. También le ocurrió al Banco del Pichincha, piratas informáticos pusieron a la venta datos personales de sus clientes, conjuntamente con información bancaria. Fue en su momento nuevamente el Portal La Barra Espaciadora, quienes difundieron la noticia y obligaron a que las instituciones reconozcan lo ocurrido.
Al encontrarse comprometidos nuestros datos personales y al ser destinados para fines distintos para los que fueron entregados, se afecta nuestro derecho a la intimidad, personas y empresas podrían contactarnos sin nuestro consentimiento, sin duda a usted esto le ha ocurrido. Inclusive podrían difundir cierta información personal que no queremos que sea conocida ya sea por nuestra intimidad y seguridad propia o la de nuestros familiares. Además, puede existir una multiplicidad de afectaciones a otros derechos. Por ejemplo, nuestro derecho a la propiedad (nos pueden vaciar nuestras cuentas bancarias y robarnos el dinero que tanto esfuerzo nos ha costado), también nuestro derecho a la identidad, suplantándonos podrían inmiscuirnos en delitos o generarnos deudas u obligaciones con terceros, y muchísimas cosas más.
Es por eso que el Código Orgánico Integral Penal contempla un delito llamado “violación a la intimidad” que penaliza con estos actos. Así también la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales establece obligaciones, impone medidas y señala prohibiciones claras y concretas a las instituciones y empresas a las que entregamos dicha información. Sin embargo, cada vez que ocurre una filtración las empresas y el Estado prefieren mirar a un lado, mientras tanto nuestros datos están a la venta al mejor postor. Por cierto, se rumora una nueva filtración de datos personales ahora en el Ministerio de Economía.