El 1 de abril de 2023 el presidente de la República Guillermo Lasso firmó el decreto 707 que “autoriza el porte de armas de uso civil para defensa personal a nivel nacional a aquellas personas naturales que cumplan los requisitos de conformidad con la Ley, el Reglamento a la Ley sobre Armas, Municiones y Explosivos y bajo las autorizaciones correspondientes.”
Esta decisión ha merecido el rechazo generalizado de la sociedad civil y decenas de pronunciamientos han profundizado sobre los graves impactos para la convivencia pacífica en Ecuador. Lasso, a las puertas de un juicio político que definirá su permanencia en el poder, con bajísimos niveles de credibilidad es una muestra más de la incapacidad gubernamental para enfrentar los graves y estructurales problemas nacionales como la presencia de grupos criminales.
Con la firma del decreto 707, el gobierno nacional se declaró absoluto perdedor en la guerra contra la delincuencia y en esa hecatombe nos arrastra a civiles, con la consigna de un arma puede salvar nuestras vidas. Nada más falso y contrario a la lógica y a la razón. El gobierno ya había pedido hace tiempo esta batalla, incapaz de entender la violencia, ni siquiera ha podido hacer un control efectivo de armas en las cárceles donde hemos visto muertes por cientos, que poco a poco se fueron trasladando a las calles.
Inredh en su comunicado sobre menciona: “Según…Global Firearmas Holdings, en Ecuador existen alrededor de 187k armas compradas y registradas legalmente, pero se calcula que hay al menos de 374k armas ilegales en el país; es decir actualmente sin necesidad de una ley, ya circulaban más armas de las que legalmente eran posibles.” Este mismo gobierno que no ha podido controlar la tenencia ilegal de armas ahora dice que hará control del uso de armas en civiles.
En un país donde la corrupción está enquistada en todos los sectores, la regulación y entrega de permisos para uso de armas no se quedará fuera de esta plaga. Con esta decisión las fuerzas de seguridad del Estado, únicas legitimadas para utilizar la fuerza para protegernos, ya no tendrán esta potestad exclusiva, sino que se transfiere la misma a civiles. ¿De qué formas nos impacta?
No se solucionarían los problemas de violencia e inseguridad, se agravarán. Esta decisión afectaría a la población empobrecida, habrá un agravamiento de la criminalización de la pobreza. Niños y jóvenes cooptados por la delincuencia, no tendrán más futuro que la muerte. Los espacios públicos dejarán de ser espacios medianamente seguros para convertirse en escenarios de tiroteos. Se incrementará la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Los suicidios se incrementarían cuando enfrentamos todavía los impactos de la pandemia con casi ninguna política de salud para este tema.
Estados Unidos, uno de los países en donde el porte de armas es legal, en lo que va del 2023 se registraron 130 tiroteos, mientras que en 2020 más de la mitad de los suicidios se produjeron con arma de fuego. Según Amnistía Internacional “el comercio internacional de armas sigue en aumento… En el mundo más de 500 personas mueren cada día a causa de la violencia ejercida con armas de fuego ya sea legal o ilegal, uno de los principales motores de la violencia son las armas”.
Esta medida merece el absoluto rechazo de toda la sociedad civil y desde las organizaciones de derechos humanos reclamamos medidas argumentadas, razonadas y consensuadas que no expongan más a civiles a una muerte inminente.