Mariela Verónica Rosero Revelo
Uno de los últimos acontecimientos sucedidos en la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, y que sigue generando opinión pública es el caso de Brisa, una pre adolescente de 12 años de edad, víctima presuntamente de violencia sexual por parte de un adulto de 32 años de edad, funcionario público de la Prefectura del Carchi, quien hasta la fecha continúa desarrollando actividades con niños, niñas y adolescentes.
Con los lemas «Justicia para Brisa», «Apoya a quien decide romper el silencio», «Ni una más»; familiares, amigas, amigos y colectivos feministas liderados por la activista Eliana Champutiz, del grupo Warminist, han decidido apoyar a Brisa y siguen vigilantes de que las autoridades competentes hagan justicia.
Dolorosamente, de estos casos abundan en nuestro país. En este contexto, es fundamental precisar que para elegir a profesionales que van a trabajar con niños, niñas y adolescentes se debe asegurar que sean personas íntegras, sometidas a evaluaciones periódicas por profesionales de psicología clínica y psiquiatría; de esta manera estamos protegiendo a nuestros infantes y adolescentes.
Todo ciudadano o ciudadana adulto que se encuentre inmerso en un caso de presunta violación o acoso sexual a menores de edad, debe ser separado del grupo humano de niños, niñas y adolescentes con el que esté prestando sus servicios profesionales hasta que las autoridades de justicia emitan su resolución. Ello, con la finalidad de precautelar el interés superior de las niñas, niños y adolescentes descrito en la Constitución de nuestra República, en el Código de la Niñez y Adolescencia, y en otras herramientas jurídicas internacionales.