El gobierno de Guillermo Lasso enfrenta un juicio político que podría saldarse con su
destitución. Detrás del juicio están los correistas y socialcristianos, así como una
expulsada y “rebeldes” de Pachakutik e Izquierda Democrática, empeñados en enviar a
la casa al presidente. Sin embargo, el juicio se ha convertido en una verdadera
telenovela donde llaman la atención los cambios de posturas de los interpelantes y la
desconfianza que generan.
El juicio parte de hechos contradictorios como son los contratos de FLOPEC con
AmazonTanker y el papel del principal testigo de los interpelantes, que no se presentó.
Sin embargo, el gobierno no puede presumir de inocencia, honestidad y de luchar contra
la corrupción: Al principal de la Empresa coordinadora de Empresas Públicas (EMCO)
y hoy prófugo, Hernán Luque, empleado de suma confianza del Banco de Guayaquil
cuando era dirigido por Lasso, se le acusa de encabezar un esquema de corrupción en
esas empresas. En el esquema también aparecen el cuñado de Lasso, Danilo Carrera y
su gran amigo Rubén Cherres, quien estaba vinculado con el narcotráfico y la mafia
albanesa. Hasta su escondite llegaron sicarios y lo asesinaron seguramente porque
“sabía demasiado”. Cherres fue además uno de los grandes aportantes en la campaña
presidencia de Lasso del 2021 que lo llevó a la presidencia.
Los golpes de timón en el juicio político podrían interpretarse como un juego de
intereses ocultos a la luz pública, principalmente económicos, en el cual participarían
los caudillos del correísmo, socialcristianismo y el propio Lasso. En este contexto, la
posibilidad de destituir al presidente no sería lo principal. Lo más importante sería
redefinir el reparto de los negocios con los dineros de las empresas estatales, en que se hallan enfrascados tales dirigentes políticos. En ese marco, cabe destacar el acuerdo
tácito entre correistas y socialcristianos para sacar de la contienda electoral del 2021 a
Yaku Pérez y permitir el acceso de Lasso a la segunda vuelta electoral, gracias a lo cual
pudo alcanzar la presidencia.
Más allá de la destitución o no del presidente Lasso, queda claro que su gobierno
también está metido en el fango putrefacto de la corrupción al igual que los dos
gobiernos anteriores, cuyos presidentes Correa y Moreno tienen ambos órdenes de
detención y el primero además sentencia ejecutoriada. Como si fuera poco, el gobierno
no logra controlar la violencia desbocada sin parangón en muchísimos años que ha
causado en buena medida un enorme repunte de la migración de ecuatorianos al
exterior, principalmente a Estados Unidos, y que además está afectando directamente a
la economía con una población atemorizada que deja de comprar y prefiere quedarse en
casa.