Cristian Roberto Borja Calahorrano
Frente a la situación de inseguridad que atraviesa nuestro país, se debate sobre la
flexibilidad jurídica frente al tema del porte de armas. Es un deber del Estado proteger
y brindar seguridad a la población. Debemos recordar que la violencia no se mitiga con
más violencia y que resulta contradictorio que el Estado indique a la población civil que
debe defenderse por sí misma de peligros que deben ser controlados con políticas
públicas que brinden soluciones estructurales a la situación de inseguridad.
Con respecto a esto, organismos de derechos humanos han mencionado que el libre
porte de armas por parte de la sociedad civil, no puede considerarse como un
derecho; por el contrario, esto aumenta la situación de violencia y vulnerabilidad de la
población.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, ha destacado aquellos
esfuerzos dedicados a la limitación y regularización del porte de armas. Incluso, ha
sostenido que la presencia de un alto número de armas de fuego en manos de
particulares representa una manifestación de la violencia que las sociedades en las
Américas enfrentan cotidianamente para la convivencia democrática. El libre porte de
armas contradice derechos humanos como la paz y la seguridad de las personas.