En el año 2007 el gobierno ecuatoriano creó la iniciativa Yasuní – ITT que proponía un mecanismo de compensación internacional a cambio de no explotar los recursos petroleros de la zona declarada intangible dentro de la reserva y parque nacional Yasuní. Esto permitiría conservar intactos los territorios, no interferir con grupos no contactados, así como mantener la biodiversidad propia de esta zona.
Así también, durante el 2008 el debate para la elaboración de una nueva Constitución involucró un tema que varios colectivos sociales impulsaron y que fue la propuesta de cambio de la matriz productiva. Ésta planteaba reemplazar las actividades extractivas por otras estrategias respetuosas con la naturaleza y que fueran sobre todo sustentables.
Sin embargo, en 2013, el gobierno ecuatoriano terminó con esta iniciativa gubernamental lo cual
provocó el rechazo en las calles de jóvenes ambientalistas y diversos grupos sociales. Toda esta
inconformidad se transformó en un proceso organizativo denominado YASunidos, cuyo objetivo fue
evitar la explotación petrolera en el Yasuní mediante una convocatoria a consulta popular.
Luego de una intensa campaña ciudadana el colectivo presentó en 2014 más de 750 mil firmas ante el Consejo Nacional Electoral, institución que luego de varias maniobras, finalmente desechó el pedido y las firmas. YASunidos denunció que el gobierno de turno usó las instituciones y el poder para limitar la participación social para decidir sobre estos temas de interés nacional. Es así como el caso fue llevado tanto a la Corte Constitucional como a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de varios procesos en 2022 el Consejo Nacional Electoral entrega a YASunidos el certificado de legitimación democrática para su propuesta de consulta popular. Con base en esta habilitación la Corte Constitucional del Ecuador se pronunció en mayo de 2023 con un dictamen favorable para la realización de la consulta popular. Según dijeron YASunidos “Esta decisión de la Corte es un hecho histórico en
Ecuador ya que es la primera consulta popular de alcance nacional, propuesta por la ciudadanía. Esto también marca un precedente mundial sobre la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza.”
La Corte Constitucional, en el texto de su dictamen resuelve entre otros temas: “Reprochar el conjunto de acciones estatales que en su momento obstaculizaron el pleno ejercicio de los derechos de participación de los solicitantes y adherentes a la iniciativa de consulta popular en cuestión.”
2023 ha sido un año trascendental para este proceso y enero del presente año, YASunidos anunció que luego de 10 años la CIDH admitió su demanda por vulneración de los derechos políticos de participación del colectivo de las personas que tienen derecho a pronunciarse mediante mecanismos de democracia directa. El caso, según dijeron, tiene relevancia regional e incluso podría llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Este proceso de participación política ciudadana en defensa de derechos ambientales es seguramente un ícono nacional no solo de organización sino también de resistencia a prácticas de gobernantes, administraciones públicas e instituciones que usaron todo su poder para detener un legítimo derecho de decidir sobre el presente y futuro de territorios de riqueza incalculable. Aunque actualmente ya se realizan actividades extractivas en la zona es de esperar que las detengan, es fundamental que se escuche a la población ecuatoriana en las urnas.