La paridad, un derecho que sobre todo necesita voluntad política

Con los últimos cambios políticos que vive Ecuador el país estará en sucesivos procesos
electorales en los próximos dos años. Las elecciones convocadas como consecuencia de la
aplicación de la conocida “muerte cruzada” serán extraordinarias, pero fueron ya un espacio de
discusión alrededor de la incorporación de reformas legales aprobadas recientemente. Una de
ellas es la disposición transitoria tercera de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones
Políticas que indica que, a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales
posteriores a la vigencia de la ley, en las inscripciones de candidaturas pluripersonales y
unipersonales, el porcentaje mínimo de encabezamiento de listas será del 50%. Además, habrá la
obligación de paridad en los binomios presidenciales. Sin embargo, el Consejo Nacional
Electoral no reconoció la aplicación de este cambio argumentando el carácter de extraordinario
de las elecciones.

Esto provocó que varias organizaciones y colectivos de mujeres interpusieran impugnaciones
tanto ante el Consejo Contencioso Electoral y la Corte Constitucional. Frente a la impugnación el
Tribunal Contencioso Electoral (TCE) de Ecuador, máximo organismo de control legal en
procesos de elecciones dispuso que se aplique el principio de paridad de género en las listas de
candidatos presidenciales y legislativos de las elecciones generales que se realizarán el próximo
20 de agosto. Ante estos acontecimientos caben varias preguntas a las autoridades competentes y
a la sociedad ecuatoriana:

¿Por qué una ley que involucra a las mujeres simplemente no se aplica? ¿Por qué cuando se trata
de que leyes de las mujeres se cumplan se convierte en peregrinaje institucional interminable la
aplicación de las mismas? Es incomprensible que en el país estos cambios representen tantas
trabas para el real acceso a la participación y representación política de las mujeres.

Las mujeres han sido protagonistas de grandes debates nacionales como la ley para la
erradicación de la violencia contra las mujeres, la ley de aborto en casos de violación, el mismo
código de la democracia ofreciendo argumentos jurídicos y sociales que mantienen una conexión
directa con la realidad, sin embargo la implementación de estas y otras leyes es extremadamente
difícil, lo que habla de una discriminación y exclusión institucionalizada en el estado, que
restringe derechos y sigue mirando a las mujeres como ciudadanas de segunda categoría.

Es de esperar que estos procesos de mayor participación se traduzcan en cambios profundos en
los partidos políticos y que luego se vean reflejados en la gestión tanto del legislativo como del
ejecutivo, incorporando la visión, voz y decisión de las mujeres en las grandes decisiones
nacionales.

El papel de las organizaciones de mujeres y otras de la sociedad civil ha sido central en la
veeduría de la aplicación de las leyes y este caso es una muestra más de que en el país sin la
sociedad civil el acceso a los derechos humanos y los derechos políticos sería imposible,
especialmente para las mujeres. Si dependiera solamente de las autoridades ni veríamos nuevas
leyes y tampoco implementaciones que reflejen un estado que avanza en la garantía de derechos.
Las nuevas elecciones entonces dejarán un nuevo mapa político para Ecuador donde las mujeres
tendrán más oportunidades.