Ecuador enfrenta una grave y estructural crisis penitenciaria. Desde el 2020 más de 500 personas han sido asesinadas dentro de las cárceles y desde el gobierno nacional solo hemos visto boletines de prensa que cuentan las muertes y lamentan lo sucedido, o intervenciones de fuerza pública que luego son material audiovisual para argumentar una presencia y control estatal inexistente.
El control carcelario está en manos de las personas detenidas, así como de organizaciones delictivas a las que no les importa la vida, en medio de sus frecuentes pugnas de poder. Así, toda persona privada de la libertad en Ecuador corre con un inminente riesgo, como si la detención fuera en realidad una sentencia de muerte. Toda esta violencia ha sido posible por la ausencia estatal, pues no existe una política criminal integral, ni tampoco las más mínimas condiciones físicas en las cárceles, sumado a la corrupción de las autoridades del sistema carcelario.
Apenas en 2023 se han hecho públicos los resultados de un censo penitenciario que da cuenta de que existen 31.321 personas privadas de la libertad en 36 centros penitenciarios de Ecuador, el 93.7% son hombres y el 6.3% son mujeres. Un 83.5% han recibido sentencia y los cinco principales delitos de personas con sentencias son: tráfico de drogas, robo, homicidio, violación sexual y tenencia y porte de armas. El censo también arroja estos otros datos: solo el 33% de los presos considera que la cantidad de alimentos que reciben es suficiente. Además, el 48% de los detenidos señala que el suministro de agua potable no es permanente y el 65% revela que los servicios higiénicos son deficientes. La población carcelaria enfrenta un grave problema se hacinamiento.
Las mujeres tienen una particular situación de vulnerabilidad en este contexto, tanto mujeres privadas de la libertad como mujeres que trabajan en los servicios estatales. El 71,7% de mujeres sentenciadas tienen al menos un hijo viviendo con ellas en las prisiones, según el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores.
En 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe sobre la situación de las cárceles de Ecuador y concluyó la “ausencia de control efectivo por parte del Estado” e hizo recomendaciones para reducir el hacinamiento y evitar el abuso de la prisión preventiva. Sobre las personas asesinadas en las cárceles dijo “eran jóvenes que se encontraban en prisión preventiva acusados por delitos menores, y algunos, incluso, contaban con ya la boleta de excarcelación.”
Es fundamental recordar las recomendaciones de este informe, destacan: “implementar una política criminal y penitenciaria integral y transversal, con acciones eficaces para prevenir y controlar todo tipo de violencia; reducir la población en las cárceles con la aplicación de la prisión preventiva de forma excepcional; y garantizar la reinserción social de personas privadas de libertad. … se llama al Estado a garantizar el fortalecimiento institucional del régimen penitenciario y a asegurar condiciones de detención compatibles con la dignidad humana. La adopción de estas medidas debe tener en cuenta la perspectiva de género y una mirada a la discriminación histórica contra grupos en situación de vulnerabilidad. Además, se insta a que todas las Funciones del Estado establezcan una ruta común que incluya la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones de la sociedad civil.”
A más de un año de estas recomendaciones no se conoce una hoja de ruta efectiva que pueda
implementarse en las cárceles ecuatorianas, el gobierno solo ha sido un espectador de estas muertes eludiendo su responsabilidad, mientras todo lo que sucede en las cárceles son solo una muestra, una suerte de espejo de cómo la violencia se instala en la sociedad ecuatoriana.