Secuestros y desapariciones

Cristian Roberto Borja Calahorrano

Dramáticamente y en medio de actuaciones realizadas de forma indolente e ineficaz por parte de las autoridades, nuestro país ha pasado de convertirse de esa isla de paz en un país en el que la pesadilla del secuestro y de las desapariciones son el pan de cada día.

El secuestro constituye una violación a los derechos humanos, que atenta contra la libertad, integridad y tranquilidad de las familias víctimas del delito. Igualmente, es una violación a los artículos 1, 3, 5 y 9, hallados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por lo tanto, el secuestro no solo afecta a la víctima sino a la familia en general; ya que éstos son sometidos a lo que los psicólogos, que trabajan el duelo, conocen como el proceso de la «muerte suspendida», que es la angustia que caracteriza al secuestro, y que se suma a lo que los juristas llaman la pérdida de libertad.

De enero a septiembre de 2023, la Unidad Antisecuestros y Extorsión (Unase) cuantifica 67 casos de secuestros. Esto representa un incremento del 347%, en comparación a 2022, cuando se registraron (bajo denuncias), 19 casos.

Cada caso de secuestro no es sólo un delito grave; es también un incidente de carácter crítico y una amenaza para la vida. Es una violación de la libertad individual que socava los derechos humanos. Hay suficientes pruebas de que muchas víctimas nunca se recuperan plenamente del trauma asociado con este delito. El secuestro también tiene repercusiones devastadoras sobre los familiares, los amigos íntimos y los colegas. Crea temores y dudas en las comunidades y puede tener consecuencias adversas para la economía y la seguridad de los Estados.

Una de las principales responsabilidades de cualquier gobierno es mantener la seguridad, la paz y el orden. Esto incluye la protección de los individuos y la prevención de la delincuencia. Para enfrentar el secuestro eficazmente, los entes normativos deben asegurar que haya medios disponibles para responder en forma eficaz, o sea, una política nacional clara, legislación apropiada, mecanismos de coordinación nacionales y sistemas para facilitar la cooperación internacional.