Varias preguntas de la consulta planteadas por el presidente Noboa son innecesarias
porque tienen que ver con acciones que ya han sido implementadas con la legislación
actual, y otras ya han sido consultadas. Las preguntas deben ser primeramente
calificadas por la Corte Constitucional y algunos expertos consideran que, por la forma
como han sido planteadas, podrían ser descalificadas.
La inseguridad es vista como el problema más acuciante del país y varias preguntas
tienen que ver con este tema. Sin embargo, se debe recordar que las leyes no
transforman la realidad por arte de magia.
Una de las preguntas plantea la militarización de la seguridad, lo que no ha funcionado
en México, donde se aplica desde hace varios años. Además el decreto 730 ya faculta a
las FFAA a trabajar en la seguridad interna junto con la Policía.
Otro tema es el control de armas y explosivos en calles y carreteras por parte de las
Fuerzas Armadas que en la práctica ya se lo viene realizando.
El incremento de penas, planteado en una de las preguntas, es demagógico ya que no
disuade la comisión de delitos ni detiene las acciones de los grupos de delincuencia
organizada que, mientras el sistema excluya a muchos jóvenes de sectores marginales y
no les ofrezca oportunidades y condiciones de vida mínimamente razonables, siempre
podrán reclutar nuevos elementos para reemplazar a los abatidos y apresados.
La pregunta para permitir la reforma de procedimientos de inadmisión, deportación y
expulsión de extranjeros es demagógica, ya que apela a una xenofobia fácil de avivar y
resulta peligrosa porque fácilmente puede implicar violaciones de los derechos
humanos.
La pregunta de la reintroducción de casinos indica que con su cierre se perdieron 250
mil empleos, pero un estudio que también se cita en la propuesta, afirma que solo se
clausuraron 2000 directos y 5000 indirectos, o sea 0.12% del total de los 6 millones de
empleos formales que se necesita en el país. Es decir que, el efecto sobre el empleo sería
mínimo, se beneficiaría a pocos empresarios y se abrirían posibilidades para el lavado
de capitales.
La pregunta sobre introducir el trabajo por horas es cuestionable por la regresión de
derechos laborales que implicaría y que garantizaría a los empresarios mano de obra
barata.
Tras de la consulta, hay una estrategia política con el fin de priorizar la agenda electoral
de Noboa para el 2025. La consulta es ambigua, innecesaria y le costará al país un
monto que podría emplearse para necesidades urgentes, como el pago de sueldos
pendientes de empleados del sector público y de deudas impagas del Estado de larga
data.