Hace unos días el partido del presidente Noboa, Acuerdo Democrático Nacional (ADN) emitió un comunicado en el que señalaban: “Quien sale a cometer delitos no tiene derechos, los perdió en el momento que decidió terminar con los derechos de los demás ¡Quien la hace la paga!”. Este comunicado se inscribe en la denominada “guerra” que el gobierno ha planteado contra el crimen organizado.
Tanto la declaración de “guerra” como el comunicado de ADN fueron aplaudidos por una gran parte de la población, la política de mando dura de efectos mágicos e inmediatos es popular en tiempos de crisis, sin embargo, aquí le venimos a contar lo inconveniente, inútil e ineficaz de esa forma de abordar el combate contra la criminalidad organizada.
Primero señalar lo inconveniente que es que el gobierno señale a grupos de crimen organizado como combatientes en un conflicto armado o guerra, esto debido a que con dicha calificación se da legitimidad a dichos grupos, se les entiende como actores políticos con una ideología, actores quienes por su organización están en la capacidad de acoger normas mínimas de humanidad dentro de un conflicto, a quienes además jurídicamente les acogen las normas del Derecho Internacional Humanitario y la protección de la Cruz Roja, algo que con la criminalidad organizada no corresponde.
Segundo señalar que dicha calificación de “guerra” también es inútil pues el Estado puede y debe combatir la criminalidad organizada usando la fuerza pública, al encontramos en un estado de excepción la normativa ecuatoriana permite incluso la intervención de las fuerzas armadas y en caso extremos incluso el uso de la fuerza letal, además para perseguir el delito de terrorismo no se requiere de un conflicto armado o guerra. Así que no queda muy claro por qué llamar al combate contra la criminalidad organizada como “guerra” más allá de su efecto mediático.
Seguramente al presidente le explicaron que si señalaba en un Decreto que estamos en “guerra” lo que ocurriría es que el Estado sin más podría torturar, desaparecer y ejecutar sin rendir cuentas a nadie y sin consecuencia alguna. Pero el mundo no funciona así, a eso le llamamos Estado Constitucional de Derechos y también le llamamos civilización, en otras palabras, el Estado no puede en ninguna circunstancia acoger las mismas prácticas que condena y persigue, so pena de convertirse también en un criminal.
Tercero, entender el combate a la criminalidad organizada únicamente como un choque de fuerzas armadas es ineficaz, esto lo han vivido ya países de nuestra región durante décadas, es precisamente el caso colombiano y mexicano. Dar recursos a la policía y fuerzas armadas, armas y aumentar el número de efectivo sin duda será absolutamente insuficiente si no nos preocupamos de crear condiciones mínimas de bienestar, establecer políticas públicas sociales de mediano y largo plazo y en especial de protección a los menores de edad, que les den a los más pobres y más vulnerables alternativas reales para escapar de ser cooptados por la criminalidad organizada.
Tampoco será eficiente subir las penas y crear nuevas cárceles, sino hacemos un reconocimiento y depuración serio y cuidadoso al interior de la fuerza pública, la justicia, la entidad que controla las cárceles y el Estado en general. La criminalidad organizada durante estos años no ha actuado sola, sería impensable considerar que la manera como se han extendido y el poder que han logrado no ha ocurrido sin la complicidad del propio Estado.
Pero claro estas medidas no son mágicas ni inmediatas y por eso preferimos que nos sigan vendiendo humo, así se pierde el tiempo, se mantiene todo igual y se ganan elecciones.