La llegada de la pandemia de COVID-19 significó un empobrecimiento sostenido de la mayoría de las y los ecuatorianos. Para mantener el equilibrio fiscal, los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso implementaron la austeridad neoliberal. Recordemos que mientras la ciudadanía, víctima del virus, moría en las calles de Guayaquil sin haber recibido atención médica, el gobierno del banquero seguía pagando puntualmente la deuda externa. Y el proceso de acumulación de los grandes grupos económicos no se interrumpió. Al cabo de su mandato de 900 días, Lasso había incrementado su patrimonio en 21 millones de dólares.
El COIP, con su endurecimiento de penas, hizo que las cárceles se llenaran de presos, los más peligrosos y los menos, todos mezclados, hasta convertirlas en santuarios de las bandas criminales del narcotráfico que han ido copando la institucionalidad del Estado, infiltrándose en la justicia, en las Fuerzas Armadas, la Policía, los ministerios y otras instancias estatales.
Al mismo tiempo, el Ecuador se convirtió en una plataforma de gran importancia para el envío de cocaína hacia el exterior. 70% de esta droga que llega a Europa sale de nuestros puertos. El narcotráfico vio además que el país, al tener como moneda al dólar, era muy atractivo para el lavado de activos. Este ilícito floreció en el país y los enfrentamientos entre las bandas delincuenciales por el dominio del negocio y el control de territorios disparó las muertes violentas en 2023, alcanzando el índice más alto de América Latina.
En este contexto, Daniel Noboa llega a la presidencia, califica de terroristas a 22 grupos delincuenciales y les declara la “guerra”. Establece el estado de excepción, militariza las cárceles y multiplica las operaciones de seguridad realizadas por Fuerzas Armadas y Policía. Pero como la guerra cuesta y se necesitan bastantes recursos, entonces plantea el incremento de IVA del 12 al 15 %, la focalización del subsidio a los combustibles e incluso, volver a explotar el petróleo del ITT, pasándose por el forro el resultado de la consulta popular.
La Asamblea ya aprobó la ley de Eficiencia Económica enviada por el presidente, que condona parte de las deudas con el Estado de los grandes grupos económicos, siendo justamente el grupo Noboa, propiedad de su padre, el principal deudor.
El combate a los grupos “terroristas” en esta “guerra”, corre siempre el riesgo de desbordase hacia grupos sociales que se manifiesten contra las políticas gubernamentales o a comunidades opuestas al extractivismo en sus territorios, y en consecuencia, se produzcan violaciones a los derechos humanos a niveles insospechados.
Para lograr una verdadera seguridad ciudadana, es indispensable mejorar las condiciones de vida de los sectores marginados, empobrecidos y explotados de la sociedad. Si no, serán insuficientes las fuerzas de seguridad, las armas, los operativos, las tropas extranjeras, la represión, la subida del lVA y todo lo demás.