El pueblo afroecuatoriano cuenta con una ancestral historia de despojo. En el siglo XVI el esclavismo expulsó de sus tierras a millones de africanos que llegaron a distintos puntos de América. En Ecuador esta diáspora ocupó inicialmente los territorios de lo que hoy es la provincia de Esmeraldas, Imbabura y Carchi. Con los años situaciones como la pobreza, violencia, discriminación e incluso conflictos socioambientales nuevamente han presionado a su movilización hacia las zonas rurales de Guayas, Pichincha, Los Ríos, Santo Domingo e Imbabura.
De acuerdo con el informe del Relator Especial sobre extrema pobreza y derechos humanos, Sr. Olivier De Schutter, que visitó Ecuador en septiembre de 2023, “la población afroecuatoriana experimenta el segundo porcentaje más alto de pobreza por ingresos, que afecta al 33,77% de su población. La discriminación institucionalizada y el racismo, el desempleo y los bajos salarios se consideran a menudo como las principales causas de lo expuesto.” También hay problemas con segmentos de la población específica. “Por ejemplo, las niñas y adolescentes de los pueblos afroecuatorianos enfrentan un mayor riesgo de ser objeto de matrimonios forzados y precoces, con un promedio de 2,1% para la población general mientras que el porcentaje aumenta al 4,5% para las mujeres y niñas afroecuatorianas.”
La ausencia estatal para entender y atender la situación de la población afroecuatoriana ha dejado sobre todo a jóvenes vulnerables a la presencia de grupos delincuenciales y de narcotráfico. Estas formas de no estar del Estado son concretamente mecanismos de discriminación que lejos de desactivarse en las crisis se fortalecen.
En el censo de 2010 se registraron 1.041.559 personas afroecuatorianas, y esa cifra correspondía al 7,2% de la población. En 2022, se contabilizaron 814.468 personas afrodescendientes, lo que equivale al 4,8 % de la población, esto mientras las proyecciones confirmaban un aumento de la población afroecuatoriana. En general, el censo nacional ha tenido muchos fallos en su aplicación y resultados, pero lo sucedido en con los datos de población afroecuatoriana es preocupante porque en resumidas cuentas se está borrando a una parte de la población, lo cual impacta severamente en la formulación de políticas públicas que respondan a sus necesidades.
¿Dónde está la política pública contra el racismo y la discriminación étnica del pueblo afroecuatoriano? ¿Puede ser el Estado ecuatoriano finalmente un estado no colonial e inclusivo? Es importante reflexionar sobre cómo la reciente declaratoria de conflicto armado interno puede convertirse en mecanismo de persecución racista. ¿Están las Fuerzas Armadas y la Policía formadas para entender este tema? ¿El Estado ofrecerá algo más que la represión y nuevas cárceles a sectores que solo han sido desatendidos?
Las soluciones a la violencia en Ecuador deben pensarse en procesos de largo plazo que incluyan la inversión social y la prioricen en sectores históricamente excluidos. Así mismo, estas acciones deberían impactar en la transformación de patrones socioculturales racistas en el país, para avanzar a consolidar este estado plurinacional y multicultural que reza nuestra Constitución.