A las puertas de que entre en vigor del 15% de incremento del Impuesto al Valor Agregado – IVA en abril de 2024 en Ecuador, todavía hay muchas preguntas sobre si esta decisión gubernamental será la más adecuada para recaudación de fondos para el funcionamiento estatal. El argumento principal para aplicar la medida fue la necesidad de financiar las acciones de fuerza pública contra grupos delincuenciales y para dar respuesta al contexto de violencia agudizada en el país. El mensaje central fue, queremos seguridad pues vamos a pagarla todos y todas.
Sin embargo, no se conoce un plan de la forma en que se emplearían estos recursos, tomando en cuenta además que el gobierno de Guillermo Lasso dejó una situación extremadamente compleja con proveedores impagos y salarios del sector público financiándose en el último momento, esto mencionando el gasto corriente, sin entrar a saber el gasto de inversión del que tampoco han difundido información las autoridades. La transparencia del Estado en la forma cómo invierte e invertirá la recaudación tributaria es un elemento central si el gobierno espera adecuadas tributaciones.
En el artículo “Factores que causan la evasión fiscal en el Ecuador” se mencionan respuestas ciudadanas frecuentes a la pregunta ¿por qué no quiero pagar? Las respuestas son muy decidoras: “No pago porque no me beneficio. No pago porque los demás no pagan. No pago porque es mucho. No pago porque no sé qué se hace con el dinero. No pago porque no sé cómo hacerlo”.
Si la violencia por ejemplo no disminuye ¿estamos dispuestos a seguir pagando los impuestos incrementados? Si grandes empresas reciben condonaciones de sus deudas entonces ¿es una medida justa para todos los segmentos de la población? Con el incremento de desempleo y subempleo ¿estarán las personas en capacidad de pagar si no pueden cubrir su canasta básica? ¿Hay adecuada información y educación tributaria, está listo el SRI para fomentar una cultura tributaria y agilizar los sistemas de cobro?
En estos momentos complejos la movilización social para observar la implementación del incremento de impuestos para que sea coherente es fundamental. Por ejemplo, vale la pena preguntarse sobre cómo está la inversión en salud y educación, es fundamental vincular estos derechos y otros derechos humanos a la lista de prioridades con la nueva recaudación fiscal. También es fundamental una permanente rendición de cuentas.
Hay mucha evidencia sobre cómo los grupos económicos en el país han podido crecer sus riquezas entre otras razonas por evasión. Por ejemplo: “En un análisis similar se determinó que «en el país existen 59 grupos económicos con sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, cuyos ingresos para el 2014 fueron más de 28 mil millones de dólares, pero su impuesto a la renta fue de 609 millones, es decir, un 2,15 % de contribución del impuesto a la renta total de ese año». (Iturralde, 2016, p. 2).”
De muchas formas una política fiscal injusta y flexible con quienes más tienen solo puede complejizar la situación en el país. Por su puesto es fundamental que las personas tengan una moral tributaria, pero aún más esto es responsabilidad de las empresas y del Estado también para asumir un comportamiento moral y ético en los sistemas de cobros y la redistribución de los impuestos.