En la consulta popular convocada por el gobierno de Noboa, el pueblo apoyó a 9 de las 11 preguntas, aquellas que están relacionadas con la seguridad que es, junto con el desempleo, el tema que más agobia actualmente a las y los ecuatorianos, atormentados por tantos asesinatos y extorsiones. Sin embargo, el endurecimiento de penas y la militarización de la sociedad de ninguna manera garantizan la disminución de la violencia vinculada al narcotráfico como pueden dar testimonio México y Colombia.
Por otra parte, en dos preguntas triunfó el no: La del trabajo por horas y la del arbitraje internacional.
El trabajo por horas implica la total flexibilidad para los empleadores que no pagan costos de indemnización a los empleados despedidos ni garantizan ninguna estabilidad al trabajador, lo que implica un claro retroceso en los derechos laborales. Es más, la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) se ha pronunciado en ese sentido. El trabajo a plazo fijo tenía un máximo de dos años de duración y el trabajador cobraba un pequeño desahucio al final del contrato. Recordemos que cuando estuvo vigente, hace no muchos años, florecieron la terciarización y las empresas que las llevaban a cabo, contratando los mismos trabajadores por un cierto tiempo, despidiéndoles y volviéndoles a contratar para no pagarles ningún tipo de prestaciones.
Además, el gobierno y sus distintos voceros no se pusieron de acuerdo en cuánto valdría la hora de trabajo, indicando valores que iban desde los 3 hasta los 13 dólares por hora, lo que aumentó aún más la desconfianza de la ciudadanía y reforzó su decisión por el no.
El darle el sí a la pregunta sobre el arbitraje internacional hubiera significado que las empresas trasnacionales no se ajusten a las leyes del país. El pueblo ha entendido lo nocivo que sería otorgar poderes casi absolutos a las multinacionales. Es más, el propio Parlamento Europeo se opone a este tipo de tratados porque afectan a la soberanía de los pueblos.
El estado ecuatoriano ha perdido casi todos los litigios contra este tipo de corporaciones. Los tribunales internacionales le han obligado a pagar miles de millones de dólares a estas empresas, en desmedro del presupuesto del Estado, lo que atenta directamente contra todo el pueblo ecuatoriano. Recordemos que la transnacional Chevron-Texaco que operó durante varias décadas produjo un brutal ecocidio en la Amazonía ecuatoriana, afectando la salud, la vida y las tierras de miles de habitantes y sin embargo el estado ecuatoriano fue sentenciado a pagarle una enorme indemnización.
El gobierno y la oposición que apoyaba el no, sobre todo el correísmo, se han adjudicado de forma muy pedestre el supuesto “triunfo” en la consulta, cuyo resultado fuera como el marcador de un partido de fútbol. Mientras tanto, los temas fundamentales del país (seguridad, desempleo, pobreza, corrupción, desnutrición infantil y un largo etcétera) siguen sin ser resueltos.