En febrero 2021 ganó las elecciones Guillermo Lasso, inició su gestión en mayo de 2021, banquero católico vinculado al opus dei. Lasso tuvo una administración deficiente, redujo el presupuesto fiscal a mínimos históricos, en especial en programas sociales. Durante su gestión se agudizó la violencia generalizada en el país, sin respuestas estructurales, sino acciones coyunturales como estados de emergencia que restringieron derechos. Sucesivas matanzas en cárceles fueron tal vez la expresión más grave de que el Estado no asumió su responsabilidad y obligaciones.
En febrero de 2023 fuimos a votar para elegir autoridades locales provinciales y cantonales y para un referéndum de reforma constitucional que quería realizar sobre todo hacer reformas institucionales (Asamblea Nacional, Fiscalía, Consejo de Participación Ciudadana) la población votó mayoritariamente no a todas las preguntas y este resultado se podría leer como una respuesta a la pésima gestión del gobierno de Guillermo Lasso.
En mayo de 2023, Lasso se acoge a la figura constitucional conocida como muerte cruzada, por la cual disuelve la Asamblea Nacional y se llama a elecciones para que otra persona en lugar de él termine su periodo de gobierno. En agosto de 2023 fuimos a las urnas para elegir nuevo presidente y nueva Asamblea Nacional que estará en funciones hasta mayo de 2025.
El triunfo de Daniel Noboa se da especialmente por activar una eficiente estrategia en redes sociales, especialmente en Instagram y Tiktok, dirigida a jóvenes y por desmarcarse tanto de la política tradicional y de partidos como de la confrontación que ha polarizado a grupos políticos identificados como correístas y anticorreístas. La gestión de Noboa en sus primeros meses estuvo marcada por su decisión de declarar estado de guerra interna por la intensidad de la violencia de delincuencia organizada y por hechos
como la incursión del gobierno ecuatoriano en la Embajada de México en Quito, con consecuencias importantes en responsabilidad estatal sobre derecho internacional.
En abril de 2024 asistimos a las urnas para un nuevo referéndum constitucional y consulta popular que en 11 preguntas sobre todo propuso cambios normativos relacionados con la actuación de fuerzas armadas en el contexto de violencia que vive el país. El gobierno ganó el referéndum en 9 de las 11 preguntas, pero no se aprobó el trabajo por horas y que el estado ecuatoriano se acoja a arbitraje internacional de instancias privadas.
Varias preguntas que deberíamos hacernos son: ¿Todos estos procesos electorales han fortalecido la democracia en el país? ¿Cuánto le ha costado al país estos procesos? ¿En qué medida las autoridades electas en estos procesos electorales han asumido su responsabilidad y las gestiones gubernamentales están atendiendo los problemas nacionales? ¿Cómo las actuales campañas electorales promueven la discusión política en las plataformas digitales? ¿Cómo están participando jóvenes en estos procesos? ¿Cómo se están implementando decisiones de referéndums y consulta popular, especialmente sobre temas extractivos?
La democracia electoral en el país es un gran desafío, este mecanismo de decisión directa debe concretarse en el fortalecimiento del sistema político. Ahí las y los actores políticos tienen gran responsabilidad de su rol, pero también la ciudadanía para no solo participar en eventos electorales sino sobre todo hacer veeduría y participar.