¡Tenemos el derecho a la buena Administración pública!

Este editorial se centrará en explorar en qué consiste el derecho a la buena administración pública, así como en intentar reflexionar sobre cómo impacta en nuestras vidas cotidiana. Este derecho nació formalmente para Ecuador en el año 2013, con la “Carta Iberoamericana de los Derechos y Deberes del Ciudadano en Relación con la Administración Pública”. Instrumento internacional suscrito por los propios jefes de Estado y de gobierno de los 22 países de Iberoamérica.
La Carta tiene 14 páginas y 54 numerales en que se detalla lo que implica que la buena Administración sea (i) derecho ciudadano; (ii) principio rector; y, (iii) obligación de las Administraciones públicas. Con su conformación ya se puede observar que no se trata de una simple dádiva, o de una mera enunciación de buenas intenciones. Se trata de verdaderas obligaciones que las instituciones públicas deben cumplir.

Continuemos el viaje, pero ahora por las normas nacionales. Este derecho se reconoce de forma expresa en 2017 en el artículo 31 del Código Orgánico Administrativo: “Derecho fundamental a la buena administración pública. Las personas son titulares del derecho a la buena administración pública, que se concreta en la aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales, la ley y este Código.” En palabras sencillas, este derecho consiste en que la Administración pública nos trate con dignidad y a que funcione bien.
Y para que ello sea posible requerimos que se aplique lo que dicen los 54 numerales de la Carta Iberoamericana. Es imposible extractarlos en unas pocas líneas en este editorial, pero para que nos vayamos haciendo una idea, los ejes que los articulan son los siguientes:

  • Centrarse en las personas y en mejorar sus vidas.
  • Tener presente la realidad social, económica, cultural y política de la ciudadanía y del país, para no actuar en desconexión y de forma unilateral.
  • Dialogar con las personas, no imponerse sobre ellas. Esto implica no abusar del poder.
  • Promover la participación de las personas en las decisiones que les atañen.
  • Actuar de forma ética y comprometida con el bienestar y derechos de las personas, así como con los bienes y fines de la propia institución.
  • Tener apertura a la innovación, al conocimiento y a la mejora.
  • Ser sensible a la ciudadanía a la que se deben. A la final, el pueblo es dueño del poder y el servicio público debe rendirle cuentas.

Se trata de cuestiones de sentido común, pero, sobre todo, de cosas que permitirán profundizar y defender la Democracia. Sin duda nos falta mucho por recorrer para alcanzar el ideal presentado, pero al menos hoy hemos dado el primer paso. Saber que tenemos un derecho que podemos exigir.