El 29 de mayo de 2019 el Centro de Derechos Reproductivos (CRR), Planned Parenthood Global (PPG), Mujeres Transformando el Mundo (MTM, de Guatemala), y Surkuna (Ecuador) presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas los casos de niñas sobrevivientes de violencia sexual que fueron forzadas a la maternidad: Norma, de Ecuador; Fátima, de Guatemala; y Lucía y Susana, de Nicaragua. En 2021 se sumó el caso de Camila de Perú cuyo caso fue entregado en el Comité de Derechos del Niño de la ONU.
El propósito de esta iniciativa fue pedir justicia y reparación de manera urgente, así como medidas para evitar la repetición de estos casos, solamente el caso de Camila ha tenido hasta el momento un fallo mientras que los otros casos aún esperan la decisión de estas instancias internacionales.
Desde el 2016 las investigaciones “Vidas robadas” iniciaron a alertar la grave situación de violencia sexual y el impacto de embarazos y maternidades forzadas en niñas en América Latina y Ecuador. Muestra de esto son los siguientes datos:
América Latina y El Caribe es la región con la segunda tasa más alta de embarazos en niñas de menos de 15 años, y la única en el mundo en la cual esta tendencia sigue en aumento. Se trata de un problema histórico y que atraviesa a varias generaciones. Por ejemplo, en nuestra región, 2 de cada 100 mujeres han tenido su primer parto antes de los 15 años, (UNFPA, UNICEF, PAHO, 2017). 8 de cada 10 violaciones de niñas y adolescentes en la región tienen por víctima a una niña de entre 10 y 14 años (CIDH, 2019).
Según cifras del Ministerio de Salud Pública, en Ecuador 1.921 niñas entre 10 y 14 años de edad fueron madres en 2022, es decir, cinco niñas en promedio al día. Conforme el UNFPA América Latina y el Caribe ostentan la mayor proporción de nacimientos en madres adolescentes a nivel mundial, representando el 18% del total. En Ecuador, según datos del Ministerio de Salud Pública para el año 2022, aproximadamente cinco niñas entre 10 y 14 años daban a luz diariamente.
Hay precedentes internacionales muy importantes sobre decisiones emitidas por comités de Naciones Unidas, como el Comité de Derechos Humanos, que han permitido avanzar en el acceso a derechos reproductivos y en particular al aborto en distintas partes del mundo. Los estándares que el Comité desarrolle en los casos de Norma, Fátima, Susana y Lucía serán vinculantes para todos los Estados que hayan ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), entre ellos nuestro país.
Las condenas pueden abrir un camino para hacer extensiva la justicia a miles de niñas en todo el mundo, pues sientan un precedente histórico a nivel mundial y serán un primer paso crucial al reconocer oficialmente la violación de los derechos de las niñas forzadas a la maternidad tras sufrir violencia sexual. Este reconocimiento a nivel internacional establece una base legal y moral para exigir cambios inmediatos y efectivos en las políticas de nuestros Estados.