Tuvieron que pasar más de veinte años para que las víctimas de los desaparecidos forzadamente en el llamado caso Fybeca o caso González y Otros obtengan algo de justicia y reparación. Para quienes no estén familiarizados con el caso, trata sobre la ejecución extrajudicial de ocho personas y la desaparición de tres personas durante un asalto en la farmacia de Guayaquil en diciembre de 2003.
La versión oficial que el Estado y la fuerza pública manejaron ante los medios es que se trató de una heroica intervención policial que derivo en un enfrentamiento contra varios delincuentes. El tiempo develaría una verdad muy diferente.
Lo que ocurrió en realidad es que diversos grupos policiales conjuntamente con ex-policías entraron a la farmacia disparando a diestra y siniestra, ejecutaron a personas desarmadas e indefensas en el piso, colocaron armas y granadas en las manos de personas que nada tenían que ver con el asalto, como ocurrió con un padre que fue a comprar pañales para su hijo o del repartidor de la farmacia, capturaron, secuestraron, torturaron y desaparecieron a varias personas que no fueron vistas más y que hoy sabemos que fueron asesinadas y sus cuerpos lanzados al estero salado, se creó una escenificación de un enfrentamiento heroico con víctimas que no fue tal.
Lo ocurrido además contó con la complicidad del fiscal encargado, el conocido Héctor Vanegas, quien ante los hechos optó únicamente por acusar a los desaparecidos por el asalto ocurrido, haciendo oídos sordos y fingiendo ceguera ante el actuar de los policías y ex-policías. En la justicia policial, en la cual los policías eran juez y parte, también se siguió un proceso en el cual se “investigó” y “juzgó” entre comillas a varios de los policías que intervinieron en el operativo de la farmacia Fybeca, “concluyendo” que nadie tenía responsabilidad alguna por lo ocurrido.
El Informe de la Comisión de la Verdad puso en tela de juicio lo ocurrido y permitió reabrir el caso, su investigación develó que los policías y ex-policías que intervinieron en el operativo de la farmacia eran un grupo que en este y muchos otros casos tenían como modus operandi el torturar, ejecutar y desaparecer, muchos de estos casos siguen en la impunidad.
Finalmente, el 5 de agosto de 2024 se obtuvo una segunda sentencia condenatoria ante las desapariciones ocurridas en la farmacia Fybeca, antes el 2013 ya se obtuvo una sentencia por las ejecuciones extrajudiciales, lamentablemente dicha sentencia no se ejecutó del todo y los culpables salieron rápidamente de la cárcel y las víctimas que llevaban años y años de lucha no fueron reparadas. En ambos casos, otras personas involucradas en el caso fugaron, como el ex mayor Eduardo González Flores y otras no pudieron ser acusadas.
Todo lo narrado sirva como un ejercicio de verdad y memoria, en momentos donde desde el gobierno y de los medios de comunicación se nos ha vendido la idea que en el combate con el crimen organizado todo vale, que no se deben rendir cuentas o ejercer control, ni existir responsabilidades por parte de la fuerza pública y que quienes digan lo contrario no son patriotas. Incluso se impulsan reformas que intentan retornar la justicia policial y militar, así como facilitar el uso de la fuerza por parte de la fuerza pública, además de impedir investigaciones y responsabilidades en el ejercicio de sus funciones.
El Caso Fybeca un constante recordatorio de por qué la fuerza pública debe estar sometida a la ley y la Constitución.