El 2024 deja un dramático saldo de destrucción por los múltiples incendios provocados especialmente en Sudamérica. Brasil, Bolivia, Argentina, Paraguay y Ecuador están entre los países más afectados.
En Ecuador, según la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), entre agosto y septiembre de 2024, se contabilizaron más de 1300 incendios que destruyeron más de 23.000 hectáreas en 21 provincias, cifra publicada antes de los incendios en Quito la última semana de septiembre.
Los incendios forestales tienen un impacto negativo significativo en varios aspectos, entre los principales impactos se puede mencionar:
Los bosques brindan servicios ecosistémicos vitales, como la regulación del ciclo del agua, la prevención de la erosión y la captura de carbono. Los incendios pueden dañar estos servicios, con consecuencias negativas para el medio ambiente y las comunidades.
Los incendios forestales destruyen la cubierta vegetal que protege el suelo, dejándolo vulnerable a la erosión causada por el viento y la lluvia. El paso a la época invernal en Ecuador puede significar un grave problema por deslaves y movimientos de tierra. La pérdida de suelo reduce además la fertilidad y puede afectar negativamente la capacidad del ecosistema para recuperarse y de nutrir adecuadamente plantas.
Respecto a la fauna muchos animales mueren quemados o asfixiados durante los incendios forestales, especialmente aquellos con movilidad limitada como los reptiles, anfibios y pequeños mamíferos. Los incendios destruyen el hábitat de muchas especies, dejándolas sin refugio, alimento o sitios de reproducción. La pérdida de hábitat puede provocar la disminución de las poblaciones de fauna a largo plazo.
Durante estos episodios también se liberan a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas de efecto invernadero que contribuye al cambio climático. El humo de los incendios forestales contiene partículas finas y otros contaminantes que pueden afectar la salud humana, especialmente en personas con problemas respiratorios.
Socioeconómicamente los incendios forestales afectan la vida y salud de las personas, también se provocan daños a la propiedad pública y privada, se paralizan procesos productivos, se carga gasto de la administración pública y el personal que atiende emergencia está especialmente presionado por la demanda de los acontecimientos.
En pocos Municipios del país los cuerpos de bomberos cuentan suficientes insumos y equipamiento para atender emergencias, en la mayoría de casos los recursos son muy limitados, así lo demostró el terremoto de Manabí en 2016 cuando no se dieron abasto con la magnitud de la catástrofe.
Es en situaciones como los incendios donde la fuerza pública debería activarse tanto con todo su personal como recursos para reforzar las atenciones de las emergencias.
Información oportuna de las autoridades, cadenas de mando y roles bien definidos también son fundamentales para respuestas oportunas.
Y bueno, más allá de políticas públicas está en las propias comunidades aumentar la conciencia de no provocar y evitar incendios en zonas forestales urbanas o rurales porque la recuperación de esta devastación es pesada y muy larga. Y activar todos los posibles mecanismos de solidaridad comunitaria para responder a la emergencia.