El triunfo del partido republicano en Estados Unidos, ocupando los principales poderes del Estado norteamericano, se configura como un desafío para el futuro de los derechos humanos en este país como en el mundo. En particular, los impactos en América Latina se prevén importantes tomando en cuenta los retrocesos en la garantía de los derechos humanos ya existente y un deterioro democrático generalizado.
Una de las principales alertas constituye el Proyecto 2025, que expone el plan de la extrema derecha estadounidense para revertir avances en derechos humanos y en particular derechos sexuales y reproductivos a nivel global, utilizando la ayuda exterior como herramienta de coerción. Si bien el presidente electo, Donald Trump, durante la campaña electoral tomó cierta distancia de esta agenda, también es cierto que varias personas vinculadas a su elaboración han sido anunciadas como parte de su gabinete.
Entre los aspectos de mayor preocupación de esta propuesta de política nacional e internacional están:
Eliminación de la agenda de género: El Proyecto 2025 busca eliminar la palabra «género» y toda referencia a «aborto» o «derechos sexuales y reproductivos» de la ayuda exterior estadounidense.
Desfinanciamiento de organismos multilaterales: Se propone recortar o eliminar la financiación a organismos de la ONU que promueven los derechos sexuales y derechos reproductivos, como UNFPA.
Alianzas con gobiernos autoritarios: Se busca fortalecer alianzas con gobiernos anti-derechos para bloquear avances del Sistema de Naciones Unidas.
Restablecimiento de la «Ley Mordaza»: Se busca restablecer la política que prohíbe a las ONG, que reciben fondos de USAID, brindar información o servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso al aborto.
También son de especial preocupación los impactos concretos en la población trans, de diversidades sexuales, migrantes, de diversidades étnicas, que ya venían enfrentando restricciones al menos en Estados Unidos con la decisión de la Corte Suprema que revirtió hace unos años Roe vs Wade.
Frente a este potencial contexto es importante empezar a consensuar y preparar respuestas conjuntas para mitigar el impacto de la «Ley Mordaza». También, fortalecer la diplomacia para defender el sistema de derechos humanos. Educar a los gobiernos y la sociedad civil sobre los peligros del Proyecto 2025 y difundir sus objetivos y estrategias. Así también, se hace urgente buscar fuentes alternativas de financiamiento para derechos sexuales y reproductivos.
En la medida que se dé paso a la implementación de las políticas propuestas en el Proyecto 2025 se verán los reales desafíos que enfrentarán los derechos sexuales y reproductivos en un contexto de creciente influencia de la agenda anti-derechos en la región y en el mundo. Por esto, es importante que los gobiernos en América Latina de manera soberana y en total autonomía garanticen los derechos humanos de la población, que en ningún caso deberían enfrentar retrocesos.